Miércoles 20 de Febrero de 2019.- La Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao logró que la Corte Superior de Justicia del Callao otorgue siete meses de prisión preventiva en contra de Abel Martín Carboni Reyna (25) acusado de tenencia ilegal de armas en el A.H. Sarita Colonia.
El mismo día de San Valentín, personal policial perteneciente al grupo INTAO – TERNA – CALLAO, al promediar las 06:45 horas, en circunstancias que se encontraban realizando patrullaje a bordo de la móvil KL 9010 (OEBI) por Sarita Colonia, logran divisar a un sujeto en actitud sospechosa, el mismo que al notar presencia policial optó por darse a la fuga raudamente.
Los policías informaron que el sujeto se había refugiado en la Mz. Q – Lt. 17 – II Sector Sarita Colonia, aprovechando que dicha vivienda se encontraba con la puerta abierta. El hombre fue reducido por personal policial en el interior del inmueble e identificado como Abel Martín Carboni Reyna (25), natural del Callao, quien tenía en su poder un arma de fuego abastecida con una cacerina con 08 cartuchos, así como 11 cartuchos adicionales dentro del bolsillo derecho de su pantalón; por lo que fue conducido inmediatamente a la DEPINCRI Callao.
Nelson Humberto García Herrera, titular de la Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, solicitó prisión preventiva contra Abel Martín Carboni Reyna en calidad de presunto autor del delito contra la seguridad pública – tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, en agravio del Estado. El sujeto podría recibir una sentencia no menor de 10 años de prisión efectiva por este delito, considerando la reincidencia tras haber estado sentenciado a pena efectiva del 2013 al 2018 por el delito de homicidio.
El magistrado de la Fiscalía del Callao, presentó el pedido ante el 2° Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria, a cargo del juez Mario Henry Coaguila Palomino, al formalizar la denuncia penal por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública – tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 279-G del Código Penal en agravio del Estado, por lo que se declaró fundado el requerimiento lo solicitado por la Fiscalía, señalando siete meses de prisión preventiva.