INFORME: LOS ACTORES DETRÁS DE LAS UNIVERSIDADES QUE LIDERAN OFENSIVA CONTRA LA SUNEDU

En las últimas semanas, se han reforzado las acciones desde el Congreso para debilitar la reforma universitaria en el Perú, que tiene entre una de sus principales instituciones a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Las presiones provienen principalmente de universidades con licencia denegada; pero en los últimos meses también han intervenido las autoridades de las casas de estudio más antiguas del país, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Un análisis realizado por OjoPúblico, entre los representantes y miembros de los comités directivos de las universidades más activas en sus gestiones ante el parlamento, concluyó que están vinculadas a cuatro grupos familiares de Puno, Junín, La Libertad y Cajamarca. Se trata de los Cáceres Velásquez, de la Universidad Néstor Cáceres Velásquez; los León Untiveros, en la Universidad Peruana del Centro; los hermanos Noriega, en la Universidad Privada de Trujillo; y la familia Ramírez, en la Universidad Peruana del Oriente.

Los tres primeros forman parte de la Asociación de Universidades Asociativas sin Fines de Lucro (AUF Perú), un colectivo que no aparece en los Registros Públicos ni ante la autoridad tributaria, hasta el momento compuesto por siete universidades con licencia denegada por la Sunedu. Otros cuatro miembros de esta asociación son las universidades Científica del Perú (Loreto), José Carlos Mariátegui (Lima), Católica Los Ángeles de Chimbote (Áncash) y Particular de Chiclayo (Lambayeque).

La familia Ramírez Prado natural de Cajamarca y relacionada a la Universidad Alas Peruanas hoy aparece detrás de la Universidad Peruana del Oriente (Loreto). Aunque esta institución no integra la AUF Perú, medios como el diario “El Comercio” han reportado las visitas de sus representantes a más de un despacho del Congreso. Otra entidad que registra visitas al Parlamento es la Universidad San Pedro (Áncash), que tampoco integra la asociación, pero que sí ha visitado al autor de uno de los proyectos de ley que, de prosperar, podría debilitar el rol y la autonomía de la Sunedu.

De izquierda a derecha: el rector de la Universidad Néstor Cáceres, Juan Benites; el congresista Esdras Medina; y los rectores de las universidades José Carlos Mariátegui y Científica del Perú, Daniel Reinoso y Roger Cabrera.

Durante algunos años, el trabajo de supervisión de Sunedu ha frenado la expansión de universidades sin las credenciales básicas de calidad educativa. Y en el camino, ha denegado la licencia a otras como la Universidad Privada Telesup, vinculada al actual congresista José Luna Gálvez, líder de Podemos. Es exactamente, a través de esta bancada partidaria y de Alianza para el Progreso, de César Acuña (político y fundador de la universidad privada César Vallejo), se ha buscado, en el pasado, retrotraer los avances de la Ley Universitaria.

El legislador José Luna Gálvez, investigado por la Fiscalía en los casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos, es actualmente presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. El pasado 14 de setiembre, dicho grupo de trabajo acordó una moción que les permite  investigar los organismos supervisores, entre las cuales podrá ser considerada la propia Sunedu.

Una nueva contrarreforma

La contrarreforma universitaria está conformada por tres proyectos de ley que han despertado la preocupación en la superintendencia. El primero tiene como autor al legislador de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina Minaya, con el apoyo de su bancada. La iniciativa propone que el Consejo Directivo de la Sunedu sea elegido a través de un mecanismo similar al utilizado en el pasado por la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

En la actualidad, el Consejo Directivo de Sunedu es presidido por un superintendente elegido a propuesta del Ministerio de Educación, y es integrado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), además de otros cinco ciudadanos, por concurso público. La propuesta de Renovación Popular devuelve la designación de la mayoría de integrantes del Consejo Directivo cuatro de siete miembros a las universidades públicas y privadas, que están bajo supervisión de Sunedu.

“El organismo supervisor no puede ser elegido por quienes van a ser supervisados”, manifestó, Flor Pablo, congresista del Partido Morado e integrante de la Comisión de Educación. En dicha sesión, las rectoras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, y de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lidia Ascencios Trujillo, también apoyaron la propuesta de volver al viejo esquema de la ANR.

El segundo proyecto de la ley que puede afectar la reforma fue presentado por Darwin Espinoza Vargas, congresista de Acción Popular, con el apoyo de seis compañeros de bancada: Luis Flores Ancachi, Elvis Vergara Mendoza, Silvia Monteza Facho, José Arriola Tueros, Raúl Doroteo Carbajo y Carlos Alva Rojas. La iniciativa plantea que las universidades privadas asociativas, es decir, sin fines de lucro, cuya licencia fue rechazada tengan un “plazo de emergencia” de dos años, para “superar las deficiencias identificadas” por la Sunedu.

No obstante, la norma omite, que las casas de estudio que no lograron el licenciamiento pueden pedir una extensión del plazo de cierre de hasta tres años adicionales y, eventualmente, solicitar de nuevo su licenciamiento. El proyecto de ley, además, propone que la Sunedu “no podrá identificar nuevas deficiencias” durante este periodo “de emergencia”.

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, se mostró a favor del proyecto de ley de Renovación Popular que debilita la Sunedu.

El tercer proyecto que ha levantado alertas es el del legislador Samuel Coayla Juárez, de Perú Libre. La iniciativa legal plantea la creación de un equipo de trabajo para cada universidad privada asociativa con licencias denegadas, bajo el nombre de Comisión de Asesoría Técnica. Este grupo asumirá las funciones académicas y administrativas durante el plazo de emergencia, para asegurar la continuidad del servicio educativo a sus alumnos, y con la posibilidad de volver a solicitar licenciamiento al acabar el periodo.

¿Quiénes apoyan estas medidas que buscan debilitar a la Sunedu?

Los Cáceres Velásquez y la reforma

La familia que más destaca del grupo contra la reforma impulsada por Sunedu es la Cáceres Velásquez, de Puno. Es fundadora de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, en Juliaca, en 1981.

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez, fundada por la familia puneña del mismo nombre, no alcanzó el licenciamiento en la Sunedu.

La Universidad del Centro

De acuerdo con los Registros Públicos, en el año 2005, tres de los hijos de los esposos Telesforo Epifanio León Colonia y Emilia Untiveros Peñaloza, Miguel Ángel, Gina Fiorella y José Luis León Untiveros, constituyeron el primer consejo directivo de la Asociación Promotora de la Universidad del Centro, en Lima. Cinco años después, la casa de estudios fue registrada oficialmente en Huancayo.

El cuarto hijo de la familia, Paul Albert León Untiveros, fue uno de los fundadores de la casa de estudios. Este último, es el más conocido, pues fue candidato al Congreso este año por el partido Perú Libre como representante de la región de Junín, aunque sin éxito. Su hoja de vida ante el JNE detalla que es médico de profesión, registra una sentencia por alimentos del año pasado, y tiene ingresos anuales del sector privado por más de S/45.000.

En sus redes sociales, Paul León Untiveros aparece en fotografías de campaña al Congreso junto con Waldemar Cerrón, dirigente de Perú Libre.

En el año 2020, la Sunedu denegó la licencia a esta universidad luego de detectar deficiencias en su plan de adecuación a la Ley Universitaria. Al respecto, Emilia Untiveros también se ha unido a la AUF Perú, de acuerdo a comunicados de dicha agrupación.

Trujillo y Loreto

Los directivos de la Universidad Privada de Trujillo también se han opuesto a la reforma promovida por Sunedu. La historia de esta universidad se remonta a 1999 con la fundación de la Asociación Promotora, presidida en ese entonces por el empresario José Lino Bauner Velasquez Novoa, junto con el ciudadano Martín Velasquez Vargas.

En octubre del 2019, la Sunedu concluyó que este centro de estudios contaba con locales que no cumplían con los estándares de seguridad; no había logrado implementar, de manera eficaz, mecanismos orientados a la investigación; ni contaba con los recursos humanos ni presupuestales necesarios para “garantizar la producción académica”.

El 15 de enero del 2020, la Sunedu denegó la licencia institucional a la Universidad Privada de Trujillo, al detectar que no podía garantizar el abastecimiento de agua potable, ni asegurar los servicios de tópico, seguridad y vigilancia, y acceso a la biblioteca, entre otras deficiencias. En octubre de 2021, la Superintendencia además impuso una multa de más de S/328.000 contra esta universidad por no garantizar la continuidad de los estudios de sus alumnos, durante el proceso de cese de la institución. Desde noviembre, la Universidad Privada de Trujillo es parte de la AUF Perú.

(Fuente: OjoPúblico).

C.P.V.

Be the first to comment

Leave a Reply