Ventanilla, 26 mayo 2017.- La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de la Corte Superior de Justicia del Callao, realizó el VIII Foro Ético “Corrupción y Estado Constitucional de Derecho. Propuestas de la Comisión de Integridad” que contó con la participación de magistrados y auxiliares de justicia, y representantes de la Sociedad Civil.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Rios Montalvo, destacó que vivimos en un Estado democrático donde existe libertad de expresar ideas, críticas y aportes, pero lamentablemente se está presentando una evolutiva situación de presuntos actos de corrupción que afectan económica, política y socialmente a nuestra nación.
El jefe de la ODECMA Callao, Víctor Roberto Obando Blanco, señaló que el propósito de este octavo Foro Ético es generar un espacio de reflexión y debate que permita fortalecer, difundir y evaluar la ética judicial, pública y profesional, buscando además, propiciar valores en todos los niveles de la Magistratura, servidores judiciales y ciudadanía en general.
“La corrupción es una patología grave y extensa del sistema social, político y económico que afecta a la ciudadanía. Esto debe llevarnos a no tolerarla y poner énfasis en la cultura cívica, formando una cultura de la legalidad basada en principios y valores constitucionales y fomenta una cultura de prevención de la corrupción”, afirmó el titular del órgano de control.
Eduardo Vega Luna, Ex Defensor del Pueblo y ex Presidente de la Comisión Presidencial de Integridad, informó que de acuerdo a datos proporcionados por la Contraloría General, en el año 2016 se presentaron 32 925 casos de corrupción, más de 62 mil en Lima por peculado y colusión. Entre el 2015-2016, se condenaron por corrupción a 3356 personas y 506 han sido recluidos en un penal.
Manifestó que como titular de la Comisión Presidencia de Integridad propuso la adopción de medidas para promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción instaurando la máxima transparencia en el Estado, fortalecer la integridad y ética en el sector público, evitar el tráfico de influencias.
Transparentar el sistema de contrataciones del Estado, evitar la corrupción en obras públicas, fortalecer la autonomía de los organismos reguladores, reformar el sistema nacional de control, así como el sistema de justicia para erradicar la impunidad en los delitos de corrupción, reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, combatir el lavado de activos y fortalecer las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras medidas que fortalezcan la institucionalidad del Estado.