07 ABRIL 2025.- El 25 de marzo, Andrés Hurtado presentó su última jugada para conseguir su libertad lo más rápido posible. A través de su abogado Elio Riera, presentó ante la Corte Suprema una solicitud formal pidiendo que se declare improcedente la acción penal en su contra. Esta estrategia, conocida como “excepción de improcedencia de acción”, permite argumentar que, incluso aceptando los hechos imputados, no constituyen un delito según las leyes peruanas. En otras palabras, su defensa sostiene que no hay base legal para continuar con el proceso penal.
El equipo de Riera apoya su petición en el principio de legalidad, que establece que nadie puede ser castigado por un acto que no esté claramente definido como delito. Según el documento al que tuvo acceso este diario, la defensa argumenta que el hecho denunciado no es un delito ni penalmente justificable. Además, solicitan que se dicte el sobreseimiento definitivo por el supuesto delito de tráfico de influencias y la anulación de cualquier antecedente penal o judicial relacionado con la investigación.
El juez Juan Carlos Checkley ha convocado a una audiencia virtual el 22 de abril de 2025 para debatir esta solicitud. Esta es la misma investigación en la que Hurtado está acusado de intermediar en el pago de una coima de US$1 millón a la fiscal Elizabeth Peralta.
A pesar de los intentos de su defensa, la situación de Hurtado sigue siendo complicada. A los recursos rechazados se suma un nuevo escándalo: según el exabogado de Hurtado, Russell Robles, el exconductor de TV intentó sobornar al juez Checkley con US$20,000 y S/12,500 para obtener su libertad antes de Navidad. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está investigando los movimientos bancarios inusuales de Hurtado y su vinculación con empresas, lo que complica aún más su situación.
