05/01/26.-
Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela tras jurar ante la Asamblea Nacional, en cumplimiento de una orden del máximo tribunal del país que declaró la ausencia de Nicolás Maduro. La juramentación se produjo mientras el exmandatario comparecía ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. En su discurso, Rodríguez expresó pesar por el impacto que, según afirmó, ha tenido una “agresión militar ilegítima” contra Venezuela y calificó como un “secuestro” la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos bajo custodia en Estados Unidos.
La ceremonia coincidió con la instalación del nuevo período legislativo y con la reelección de Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, como titular de la Asamblea Nacional, consolidando el control del chavismo sobre el Parlamento. En paralelo, Maduro se declaró inocente ante la justicia estadounidense y reiteró que continúa siendo el presidente legítimo del país, mientras solicitaba evaluar una eventual libertad bajo fianza.
Durante su juramento, Delcy Rodríguez apeló a la figura de Hugo Chávez y prometió estabilidad económica, paz social y seguridad política en medio de lo que describió como una etapa crítica para la nación. Al cierre del acto, recibió honores militares y el respaldo formal de la Fuerza Armada, aunque desde Washington se emitieron advertencias directas sobre posibles represalias si Caracas no coopera con las autoridades estadounidenses.
La designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada evidencia una estrategia de continuidad del poder dentro del círculo más cercano al chavismo, en un contexto de alta tensión institucional e internacional. La simultaneidad entre su juramentación, el proceso judicial contra Maduro y las advertencias de Estados Unidos refuerza la percepción de una crisis que trasciende lo interno y se proyecta como un conflicto geopolítico. Más que una transición política convencional, el escenario refleja una reconfiguración forzada del poder, marcada por la presión externa, la concentración del control estatal y la incertidumbre sobre la legitimidad y gobernabilidad futura del país.