29/04/26.-
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que se imponga un impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con la organización de las elecciones del 12 de abril. La Fiscalía Anticorrupción anunció que sustentará este pedido ante el juzgado correspondiente, en una audiencia clave para definir las restricciones al investigado.
La medida también alcanza a otros exfuncionarios y personas vinculadas al proceso electoral, quienes son investigados por posibles irregularidades en la contratación de una empresa encargada de distribuir material electoral. Según la hipótesis fiscal, el proceso de adjudicación habría sido direccionado mediante criterios de evaluación que favorecieron a una compañía específica, lo que abre cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
Hasta el momento, los implicados no han emitido pronunciamientos públicos. Sin embargo, este no es el primer intento de la Fiscalía por restringir la libertad de Corvetto. Días antes, se solicitó su detención preliminar, pedido que fue rechazado por el Poder Judicial al no encontrarse elementos suficientes que acreditaran riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación.
El caso evidencia tensiones entre la Fiscalía y el Poder Judicial respecto a los estándares probatorios para imponer medidas restrictivas. Mientras el Ministerio Público insiste en la gravedad de los hechos y en la necesidad de limitar la movilidad de los investigados, las decisiones judiciales reflejan una exigencia mayor de sustento técnico. Este escenario pone en debate la eficacia de las investigaciones en casos de presunta corrupción y la capacidad del sistema de justicia para responder con equilibrio entre garantías y sanción.