06/04/26.-
El exfiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena superior a 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras el intento de quiebre institucional ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
Pérez confirmó que sostuvo encuentros con el exmandatario en el penal de Barbadillo y que ya inició acciones legales en el Poder Judicial del Perú. En declaraciones a un medio digital, sostuvo que el proceso contra Castillo presenta “irregularidades” y cuestionó la legitimidad del juicio, al considerar que no se garantizó plenamente el derecho a la defensa. Incluso, afirmó que el exjefe de Estado es un “preso político”, una calificación que no cuenta con respaldo unánime en el ámbito jurídico nacional.
El exfiscal también arremetió contra el tribunal que dictó la sentencia, señalando una supuesta parcialidad de los magistrados y asegurando que su objetivo será lograr la liberación del exmandatario. En esa línea, extendió sus críticas al sistema institucional, al que calificó de estar influenciado por intereses que, según él, afectan la independencia de la justicia.
En el plano político, Pérez mencionó que algunos sectores y agrupaciones en campaña electoral han planteado la posibilidad de otorgar un indulto a Castillo, lo que evidencia cómo el caso se ha trasladado del ámbito estrictamente judicial al debate político. Sin embargo, estas posturas también reflejan la polarización en torno a la figura del expresidente y a los hechos que derivaron en su detención.
Cabe recordar que Pérez fue retirado recientemente del Ministerio Público del Perú luego de que la Junta Nacional de Justicia decidiera no ratificarlo en el cargo. Aunque obtuvo un alto puntaje en evaluación técnica, se observaron deficiencias en la formulación de algunas acusaciones, incluyendo cuestionamientos del Tribunal Constitucional del Perú, que anuló una de sus imputaciones por vulnerar el derecho a la defensa.
La decisión de Pérez de asumir la defensa de Castillo introduce un nuevo elemento de tensión en un caso ya altamente politizado. Por un lado, refuerza el discurso de persecución política promovido por sectores afines al expresidente; por otro, abre cuestionamientos sobre la coherencia de un exfiscal anticorrupción que ahora defiende a una figura condenada por atentar contra el orden constitucional. Además, su reciente salida del Ministerio Público debilita su posición institucional, lo que podría restar peso a sus argumentos en la arena pública. En este contexto, el caso Castillo se mantiene como un punto crítico donde confluyen justicia, política y narrativa mediática, sin una resolución que logre consenso en la opinión pública.