25 junio 2025.- El Gobierno, mediante el Ministerio de Educación (Minedu), ha destinado más de 9.3 millones de soles con el propósito de optimizar las condiciones de 112 instituciones educativas públicas situadas en Lima Metropolitana.
La finalidad de estas acciones es brindar espacios seguros y apropiados para el aprendizaje de más de 98,000 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.
En los primeros meses del año, el Minedu intervino en 61 colegios ubicados en 16 distritos de Lima, con una inversión que superó los 4.7 millones de soles. Estas acciones buscaban asegurar el desarrollo continuo de las clases para más de 57,000 alumnos.
Las intervenciones se centraron en distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo (14 colegios cada uno), El Agustino (8), así como San Juan de Lurigancho, Pachacamac y Ate (4 planteles por distrito). Además, se realizaron mejoras en tres centros educativos de Comas, y en dos de Lurín y Chaclacayo, respectivamente. También se atendieron colegios en Surco, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Carabayllo, Santa Anita y el Cercado de Lima.
Los trabajos incluyeron la reparación de estructuras metálicas, mejoras en puertas y ventanas, rehabilitación de aulas, colocación de mallas raschell para proteger contra el sol, y la renovación de mobiliario como mesas, sillas y carpetas.
Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 colegios más, distribuidos en 22 distritos, con una inversión de más de 4.6 millones de soles. Esta etapa beneficiará a alrededor de 40,600 estudiantes, con acciones similares que incluyen mantenimiento estructural, reparación de servicios higiénicos, cercos perimétricos, mallas protectoras y mobiliario escolar.
Estas intervenciones están respaldadas por la Ley 32272, aprobada por el Congreso el 28 de marzo, que permite realizar trabajos urgentes en colegios deteriorados por el tiempo o situaciones imprevistas. A esto se suma la Ley 32260, que autoriza al Minedu a financiar directamente obras de mantenimiento en instituciones en riesgo.
Todas estas medidas forman parte del Pacto Social por la Educación, iniciativa que promueve la colaboración entre distintos niveles de gobierno para cerrar brechas y fortalecer una educación pública de calidad.