La candidata presidencial del fujimorismo alegó que había “una clara intención de boicotear la voluntad popular”. Las denuncias fueron presentadas ante los jurados electorales especiales en distintas partes del país, que luego llegaron hasta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se confirmó lo dispuesto en primera instancia. Es decir, las denuncias por falsificación de firmas y suplantación de miembros de mesa no tenían medio probatorio. Finalmente, el máximo ente electoral derivó los casos al Ministerio Público.
Los resultados de la pesquisa fiscal son concluyentes en seis resoluciones fiscales.
En las resoluciones se dice que no hay elementos de convicción para formalizar ni seguir con la investigación preparatoria por la presunta comisión de delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos durante la segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021.
Se entrevistaron a los miembros de mesa cuyas firmas en las actas electorales aparentemente no correspondían con las de su documento nacional de identidad (DNI). En todos los casos, estos ciudadanos afirmaron que las rúbricas les pertenecen. Cabe mencionar que el presidente, segundo y tercer miembro de mesa en elección, explicaron que no todas las ocasiones se puede lograr reproducir las firmas de manera idéntica.
Fuente: La República