16/04/26.-
Ante el anuncio del Gobierno de Chile sobre expulsiones masivas de migrantes en situación irregular, las autoridades peruanas han intensificado las medidas de seguridad en la frontera sur, específicamente en Tacna. La Policía Nacional dispuso el despliegue de aproximadamente 100 efectivos, apoyados por drones, con el objetivo de anticipar un posible incremento en el flujo migratorio hacia territorio peruano.
El operativo se concentra en tramos estratégicos de la frontera, como el sector comprendido entre los hitos 14 y 18, donde se busca prevenir ingresos irregulares y posibles actividades ilícitas. El uso de tecnología aérea responde a la dificultad de vigilancia en zonas extensas y de acceso limitado.
La decisión chilena, impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, contempla la expulsión de migrantes mediante operativos terrestres y aéreos desde el 16 de abril. Este escenario ha generado preocupación en Perú, ante la posibilidad de que personas expulsadas intenten cruzar la frontera en busca de alternativas, lo que podría derivar en una presión adicional sobre los recursos locales.
Desde una mirada crítica, la reacción peruana evidencia una estrategia centrada principalmente en el control y la contención, más que en una preparación integral frente a un posible escenario humanitario. El refuerzo policial y tecnológico puede ser eficaz para el orden inmediato, pero resulta insuficiente si no se acompaña de políticas de atención y coordinación binacional.
El riesgo de una crisis migratoria en la frontera no solo depende del flujo de personas, sino también de la capacidad de ambos países para articular respuestas conjuntas. Sin mecanismos claros de cooperación, el problema podría trasladarse de un lado a otro sin una solución sostenible, afectando tanto la seguridad como los derechos de los migrantes.