10 NOVIEMBRE 2025.-
El Poder Judicial ha ordenado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reinstalar en máximo 48 horas a Delia Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación. Es decir, exige que vuelva de inmediato a ejercer funciones, dejando sin efecto la medida que la había apartado del cargo.
La resolución judicial declara vigente el Acuerdo N.° 6579-2024 de la Junta de Fiscales Supremos y la Resolución N.° 058-2024-MP-FN-JFS, documentos que sustentaban la designación de Espinoza en el Ministerio Público. La JNJ está oficialmente conminada a acatar lo resuelto y proceder con la reposición. Además, el juzgado recuerda a la Junta que está obligada a respetar el Estado de derecho y cumplir las decisiones de la justicia, un mensaje directo que evidencia tensión institucional.
Tras la notificación, el abogado de Espinoza, Luciano López Flores, sostuvo en su cuenta de X que esta disposición judicial deja sin efecto la Resolución 143-2025-JNJ, emitida en septiembre, mediante la cual Espinoza fue separada como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación. Según el abogado, la suspensión de esa medida preventiva ya es suficiente para devolverle, de manera automática, su condición de Fiscal Suprema y, por consiguiente, la jefatura del Ministerio Público. “Pediremos aclaración”, añadió.
El caso evidencia nuevamente el nivel de confrontación institucional que atraviesa el país. El Ministerio Público, la JNJ y el propio sistema judicial se encuentran en un choque permanente de competencias y autoridad. Que un juzgado constitucional tenga que recordarle a la JNJ que respete las decisiones judiciales demuestra desconfianza y desgaste extremo. Esta situación no solo deteriora la imagen de imparcialidad de las entidades del sistema de justicia, sino que expone que el poder fiscal se ha convertido en un espacio altamente politizado. La lectura de fondo: en el Perú, hasta los órganos técnicos creados para “garantizar la meritocracia” están atrapados en batallas internas y presiones externas. Esto no solo afecta la gobernabilidad, sino la credibilidad ciudadana en sus instituciones.
