La Contraloría General de la República advirtió una grave situación en la infraestructura y el equipamiento de las comisarías a nivel nacional, tras los resultados del operativo simultáneo “Comisarías Básicas PNP 2025”. El informe revela serias deficiencias que ponen en riesgo la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana.
Entre los principales hallazgos se reportan más de 1.700 vehículos policiales fuera de servicio, cerca de 1.800 computadoras inoperativas y una dotación insuficiente de chalecos antibalas, varios de ellos vencidos o deteriorados. Esta precariedad limita el patrullaje, debilita la prevención del delito y expone a los agentes a mayores riesgos en sus intervenciones.
El operativo se desarrolló entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2025 e incluyó la supervisión de 485 comisarías. En ese proceso se identificaron más de 2.500 situaciones adversas, concentradas principalmente en Lima Metropolitana, Áncash, Puno, Ayacucho y Cajamarca. Según la Contraloría, la falta de mantenimiento y renovación de recursos ha reducido de manera significativa la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos.
Uno de los aspectos más críticos es el parque automotor. De más de 4.100 unidades verificadas, una proporción considerable permanece inoperativa, afectando directamente la cobertura en zonas de alta incidencia criminal. A ello se suma la deficiente condición de los equipos informáticos, con impresoras, escáneres y computadoras que no cumplen funciones básicas para la gestión policial.
La infraestructura tampoco escapa a la crisis. Muchas comisarías superan los 30 años de antigüedad y algunas fueron construidas con materiales vulnerables, como el adobe, lo que incrementa los riesgos ante sismos y condiciones climáticas adversas. Además, se reportó mobiliario en mal estado, lo que deteriora las condiciones laborales y la atención al ciudadano.
En el ámbito de recursos humanos y planificación, el informe señala la falta de personal mínimo en decenas de comisarías y la ausencia de planes de patrullaje en numerosas delegaciones. La no difusión o elaboración del mapa del delito agrava la falta de información para la ciudadanía.
Desde una mirada crítica, este diagnóstico expone una crisis estructural que trasciende lo administrativo y se convierte en un problema de seguridad nacional. La precariedad policial contrasta con el aumento de la criminalidad y coincide con el anuncio de protestas de transportistas por los constantes ataques a choferes, evidenciando la urgencia de una respuesta integral y efectiva del Estado.
