15DCIEIMBRE2025.-
Una investigación periodística de Cuarto Poder puso bajo cuestionamiento la actuación de Juan José Santiváñez durante su paso por el Ministerio del Interior, al revelar el testimonio de un testigo protegido que asegura que el exministro continuó dirigiendo su estudio jurídico mientras ejercía funciones públicas. La información, respaldada con imágenes, mensajes y documentos, ya forma parte de una investigación fiscal por el presunto delito de organización criminal.
De acuerdo con el reportaje, el testigo entregó fotografías y conversaciones de WhatsApp que indicarían que Santiváñez mantuvo el control del estudio legal a través de intermediarios, pese a la incompatibilidad que ello representa con el cargo ministerial. Estas gestiones se habrían realizado de forma discreta, principalmente en horas de la noche, con el objetivo de evitar exposición pública y eventuales acciones de fiscalización.
La indagación alcanza también a personas del entorno cercano del exministro. Entre ellas figura Percy Tenorio, expolicía en retiro y colaborador de confianza, quien habría facilitado oficinas en el distrito de San Isidro para que el estudio continuara operando. En dicho inmueble, según la versión del testigo, se habrían almacenado equipos y documentos sensibles que no debían ser encontrados por el Ministerio Público.
Los hechos descritos se conectan con revelaciones previas difundidas por el mismo programa, que ya habían advertido sobre reuniones y coordinaciones presuntamente irregulares. Destaca la mención de visitas de Nicanor Boluarte a estas oficinas, lo que vuelve a enlazar el caso con el entorno cercano de la presidenta de la República.
El testimonio sostiene que Santiváñez no solo mantenía el control administrativo, sino que asistía personalmente a reuniones con clientes mientras era ministro, presuntamente para favorecer intereses privados valiéndose de su posición en el Estado. Asimismo, se detalla el traslado del estudio jurídico a la calle República de Panamá, en San Isidro, junto con expedientes, computadoras y dispositivos personales del exministro, que habrían sido custodiados por Tenorio para evitar su incautación ante un eventual allanamiento.
Además, el testigo mencionó coordinaciones para acceder a información reservada y contactos dentro de la Policía Nacional, elementos que, sumados a las evidencias presentadas, refuerzan la hipótesis fiscal de una estructura organizada operando en paralelo a la función pública. Estas revelaciones cobran mayor relevancia en un escenario en el que Santiváñez busca proyectarse políticamente y apunta a una candidatura al Senado por Alianza para el Progreso.
El caso expone una vez más las debilidades en los controles sobre los conflictos de interés en altos cargos del Estado. De confirmarse las imputaciones, se trataría de una grave transgresión a los principios de ética pública y de separación entre lo privado y lo estatal. La gravedad no radica solo en la continuidad de actividades privadas, sino en la presunta utilización del poder político y del acceso a información sensible para beneficiar intereses particulares. En un contexto de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, este tipo de denuncias pone a prueba la capacidad del sistema de justicia para investigar con independencia y determinar responsabilidades, sin que las aspiraciones políticas interfieran en el esclarecimiento de los hechos.