07/04/26.-
El Tribunal Constitucional del Perú resolvió declarar improcedente el hábeas corpus presentado por el exmandatario Pedro Castillo, al concluir que no existe una vulneración concreta ni actual de su derecho a la libertad personal que justifique admitir el recurso.
Castillo, quien afronta investigaciones por presuntos delitos como tráfico de influencias y colusión, ya cuenta con una condena de más de once años de prisión. Su defensa buscaba anular la medida de prisión preventiva que lo mantiene detenido; sin embargo, el Tribunal consideró que el caso no plantea un conflicto de relevancia constitucional. En su resolución, sostiene que ni en la demanda ni en los actuados se identifican indicios de amenaza o afectación a derechos fundamentales que ameriten revisar la medida.
El fallo también ratifica la vigencia de la prisión preventiva, inicialmente fijada en 36 meses y posteriormente ampliada en 12 meses adicionales por decisión judicial. En esa línea, el intento de dejar sin efecto la resolución que confirmó dicha medida tampoco prosperó.
No obstante, la decisión no fue unánime en cuanto a los fundamentos. Algunos magistrados introdujeron matices relevantes: mientras uno de ellos reconoció que ciertas resoluciones vinculadas a la prisión preventiva sí pueden incidir en la libertad personal, otro planteó que determinadas actuaciones del Ministerio Público podrían ser objeto de un hábeas corpus en supuestos específicos. A ello se suma un voto en minoría que propone un análisis de fondo del caso, incluyendo aspectos como la inmunidad presidencial y la detención en flagrancia, e incluso sugiere la liberación inmediata del exjefe de Estado.
Más allá del resultado, el fallo expone tensiones internas dentro del Tribunal y evidencia que, aunque la mayoría respalda la improcedencia del recurso, existen criterios divergentes sobre el alcance de las garantías constitucionales en contextos de alta carga política.
En paralelo, el Tribunal también rechazó otro recurso presentado por Castillo, con el que pretendía invalidar las investigaciones derivadas de su intento de quiebre del orden constitucional en diciembre de 2022, evento conocido como el Golpe de Estado en Perú de 2022. En este punto, se determinó que las medidas cuestionadas ya no tienen efectos directos sobre su libertad personal.
Desde una mirada crítica, la resolución del Tribunal reafirma una línea restrictiva respecto al uso del hábeas corpus en casos de alto perfil político, priorizando criterios formales sobre un análisis más amplio del contexto. Si bien esto puede interpretarse como un intento de evitar la instrumentalización de mecanismos constitucionales, también abre el debate sobre si el máximo intérprete de la Constitución está siendo suficientemente garantista frente a posibles excesos del sistema judicial.
En síntesis, el Tribunal cierra, por ahora, una vía legal clave para Castillo y respalda las decisiones judiciales adoptadas en su contra, aunque deja en evidencia que el caso sigue generando debate jurídico y político dentro de las más altas instancias del país.