21/01/26.-
Martín Vizcarra volvió a ser trasladado, por tercera vez en menos de un mes, desde el penal de Barbadillo hacia el hospital de Ate Vitarte debido a complicaciones en su estado de salud. Según informó su equipo de prensa, el exmandatario estaría a la espera de una intervención quirúrgica, aunque no se precisó cuándo se realizaría el procedimiento.
Desde el Instituto Nacional Penitenciario se indicó que el desplazamiento respondió a una cita médica previamente programada en el consultorio externo de urología. Tras la evaluación correspondiente, Vizcarra fue retornado al establecimiento penitenciario en condiciones consideradas normales por la autoridad penitenciaria.
Este nuevo traslado se suma a otros dos episodios recientes de atención médica desde su internamiento. El primero ocurrió el 19 de diciembre, cuando presentó una descompensación física asociada a una afección cardíaca que ya padecía, según versiones cercanas a su entorno. En aquella ocasión, fue visto bajo custodia policial, portando indumentaria médica y permaneció alrededor de una hora en el nosocomio antes de ser dado de alta y reingresar al penal bajo estrictas medidas de seguridad.
El segundo traslado se produjo el 12 de enero de 2026 y, de acuerdo con el INPE, obedeció también a una cita médica coordinada por el Ministerio de Salud. Pese a estos episodios, días antes Vizcarra mantenía una activa presencia en redes sociales, donde comentaba la coyuntura política nacional y lanzaba críticas a actores del poder. Incluso celebró públicamente una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que permitió la continuidad de su hermano Mario Vizcarra en la carrera presidencial.
Actualmente, el exjefe de Estado cumple una condena de 14 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y el hospital regional de Moquegua.
La reiteración de traslados médicos de Martín Vizcarra vuelve a poner en debate el tratamiento penitenciario de exautoridades condenadas por corrupción y la delgada línea entre la atención legítima de la salud y la percepción de posibles privilegios. Aunque el INPE ha insistido en que se trata de citas programadas y atenciones justificadas, la frecuencia de estos episodios genera suspicacias en la opinión pública, especialmente en un contexto de alta sensibilidad frente a los casos de corrupción política. A ello se suma la activa participación del exmandatario en el debate político desde prisión, lo que refuerza la narrativa de que, pese a su condena, mantiene influencia y protagonismo. El caso evidencia las tensiones entre el derecho a la salud de un interno y la necesidad de garantizar igualdad de trato dentro del sistema penitenciario.