16/06/26.-
La muerte de un adolescente de 17 años dentro de la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, ha generado una fuerte controversia y abrió una investigación fiscal para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida mientras permanecía bajo custodia policial. El menor había sido retenido tras una denuncia por presunto robo y permaneció cerca de dos días en la dependencia antes de ser hallado inconsciente.
De acuerdo con la versión de sus familiares, el joven fue intervenido durante la madrugada del sábado y trasladado a la comisaría sin que sus padres fueran informados oficialmente sobre su situación. Según señalaron, recién lograron ubicarlo gracias a la información proporcionada por vecinos que afirmaron haberlo visto siendo trasladado en un patrullero.
Al llegar a la dependencia policial, los padres aseguran haber encontrado al adolescente con aparentes lesiones físicas, ropa deteriorada y sin algunas de sus pertenencias personales. Además, sostienen que el menor alcanzó a manifestar que era víctima de agresiones mientras permanecía en la carceleta.
La situación se agravó cuando el joven fue hallado inconsciente dentro de la comisaría. Sus familiares afirman que solicitaron asistencia médica inmediata, pero denuncian que existieron demoras en su traslado a un centro de salud. Finalmente, fue llevado a una posta cercana, donde los médicos certificaron su fallecimiento.
Otro aspecto que genera cuestionamientos es la existencia de una supuesta constancia de buen trato encontrada entre sus documentos. La familia sostiene que el formato no contaba con la firma del adolescente y únicamente presentaba una huella dactilar, situación que consideran sospechosa y que deberá ser evaluada durante las investigaciones.
Frente a estos hechos, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín inició diligencias preliminares por el presunto delito de homicidio contra quienes resulten responsables. Entre las acciones dispuestas figuran la revisión de registros de seguridad, la toma de declaraciones a testigos y familiares, así como la reconstrucción de los hechos ocurridos desde la detención hasta la muerte del menor.
Los padres describieron al adolescente como un estudiante con proyectos de vida, aficionado a la música y con aspiraciones de convertirse en arquitecto, metas que quedaron truncas tras su fallecimiento.
Este caso vuelve a poner bajo escrutinio los protocolos de custodia policial, especialmente cuando involucran a menores de edad. Más allá de la presunción de inocencia o responsabilidad respecto a la denuncia inicial, el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física y psicológica de cualquier persona bajo su custodia.
Las denuncias sobre presuntas agresiones, la falta de comunicación con la familia y las supuestas demoras en la atención médica plantean serias interrogantes que requieren una investigación exhaustiva e independiente. La transparencia en este proceso será fundamental para determinar responsabilidades y evitar que las dudas que rodean el caso profundicen la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
La investigación fiscal será clave para esclarecer si existieron negligencias, omisiones o conductas irregulares dentro de la dependencia policial, así como para establecer las verdaderas causas de una muerte que hoy conmociona a la opinión pública.