12/05/26.-
La Policía Nacional llevó a cabo operativos simultáneos en el Callao que culminaron con la desarticulación de una presunta red criminal dedicada a extorsionar empresas de transporte público y ejecutar ataques armados contra conductores en Lima y el primer puerto. En el despliegue fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos menores de edad sindicados como presuntos participantes en homicidios de transportistas.
Según las pesquisas, la organización se hacía llamar Los Mexicanos 3.0 y estaría implicada en cobro sistemático de cupos, extorsión agravada y atentados contra unidades que se negaban a pagar. Entre los intervenidos figura Erick Abel Solórzano Litardo, alias Loco Erick, de nacionalidad ecuatoriana, quien sería el presunto líder. También fue capturada Yoselyn Guillermo Nima, conocida como La Ñata. A ellos se suman dos adolescentes de 15 y 17 años, identificados como Niño y Flaco.
El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general Víctor Revoredo, supervisó las diligencias posteriores. Durante los interrogatorios, los menores habrían admitido su participación en asesinatos de transportistas a cambio de pagos de 1.500 soles por cada crimen, un dato que evidencia el grado de instrumentalización de adolescentes en el sicariato.
Las autoridades vinculan a esta red con el ataque armado a una combi en la autopista Ramiro Prialé, ocurrido en marzo en Ate, que dejó al menos cinco heridos. También se les relaciona con un atentado durante un velorio en el Cercado de Lima, donde una mujer perdió la vida.
De acuerdo con la Policía, el grupo operaba mediante amenazas, seguimiento a sus víctimas y ataques con armas de fuego y explosivos, utilizando además vehículos con placas adulteradas para evadir controles. En los operativos se incautó un revólver sin serie visible, municiones, dinamita, placas imantadas y un vehículo presuntamente empleado en actos delictivos.
Más allá del golpe policial, el caso vuelve a poner en evidencia la expansión de las economías criminales en el transporte público y la creciente participación de menores en delitos de alta violencia. El uso de adolescentes como ejecutores revela no solo la capacidad de captación de estas organizaciones, sino también vacíos en políticas de prevención y control. Mientras las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados, el desafío para las autoridades no se limita a capturar cabecillas, sino a desarticular las condiciones que permiten que estas redes se reproduzcan con rapidez en contextos de informalidad y débil fiscalización.