12/05/26.-
El sistema judicial de Bolivia ordenó la detención del exmandatario Evo Morales luego de que un tribunal en Tarija lo declarara en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio oral en su contra. El proceso responde a una acusación por trata agravada de personas, vinculada a una presunta relación con una menor en 2016, de la cual habría resultado una hija. La ausencia tanto del acusado como de su defensa provocó la suspensión del juicio.
El fiscal Luis Gutiérrez informó que se designaron defensores públicos ante la inacción de la defensa privada, mientras que la ejecución de la captura quedó en manos de la Policía. Desde el entorno legal de Morales, el abogado Wilfredo Chávez cuestionó la legalidad del procedimiento, alegando fallas en la notificación y atribuyendo el caso a motivaciones políticas.
La acusación, formalizada en 2025, se sustenta en un amplio conjunto probatorio que incluye más de 170 documentos y decenas de testimonios. Sin embargo, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, protegido por sectores afines que han levantado bloqueos para impedir su detención.
El caso se desarrolla en un escenario de alta tensión política y social. Mientras un sector exige que el exgobernante enfrente la justicia, sus seguidores denuncian persecución. La medida judicial no solo reaviva el debate sobre la independencia del sistema judicial, sino que también profundiza la polarización en un país marcado por conflictos internos y disputas de poder.