17/06/26.-
La violencia vinculada a la extorsión continúa golpeando al transporte público en el Callao. La empresa Midivisa, que opera la ruta entre Pachacútec y el primer puerto, volvió a ser blanco de un ataque armado, convirtiéndose en la tercera agresión registrada contra sus unidades en menos de un mes. Las sospechas apuntan a una organización criminal conocida como «Los Chuckys», señalada por exigir pagos ilegales a los transportistas para permitirles trabajar.
El atentado más reciente ocurrió la noche del 16 de junio, cuando una combi realizaba su recorrido habitual con pasajeros a bordo por el sector de Santa Rosa, en Ventanilla. A la altura del paradero Parihuela, desconocidos abrieron fuego contra la unidad, dejando heridos al conductor Antonio Rivera Ramos y a la pasajera Heidi Luz Marcos Curichagua. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Ventanilla, donde reciben atención médica. El estado del chofer permanece bajo observación debido a la gravedad de las lesiones.
Este hecho se suma a otros dos ataques registrados durante la primera semana de junio. El 3 de junio, un individuo que se hizo pasar por pasajero disparó contra una combi de la empresa en plena avenida Pachacútec, cerca de un centro educativo. Un día después, otra unidad fue incendiada y en la escena se encontró una nota extorsiva acompañada de combustible, evidencia que reforzó la hipótesis de un ataque planificado por mafias dedicadas al cobro de cupos.
Las denuncias de los transportistas no son recientes. Desde febrero, representantes del sector habían advertido a las autoridades sobre amenazas constantes y exigencias económicas ilegales para continuar operando. Incluso se reportó la recepción de mensajes intimidatorios firmados por «Los Chuckys», grupo que ahora es señalado como presunto responsable de esta cadena de atentados.
La reiteración de ataques contra una misma empresa de transporte refleja el preocupante nivel de control que las organizaciones criminales intentan ejercer sobre actividades económicas esenciales. Pese a las denuncias formuladas meses atrás, la violencia no solo ha continuado, sino que se ha intensificado, pasando de amenazas escritas a atentados con armas de fuego e incendios. Esta situación evidencia fallas en la prevención y respuesta frente a la extorsión, un delito que se ha convertido en una de las principales amenazas para el transporte público. Mientras las mafias mantienen capacidad de intimidación y ataque, los trabajadores y usuarios siguen expuestos a un riesgo creciente que demanda acciones más contundentes de las autoridades.