19/06/26.-
La Cancillería peruana salió al frente de los cuestionamientos surgidos en torno al proceso electoral desarrollado en el extranjero y rechazó de manera categórica las acusaciones que señalan una supuesta intervención política, manipulación de actas o alteración del material electoral por parte de funcionarios consulares.
A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su respeto por la voluntad popular, la autonomía de los organismos electorales y el derecho de las organizaciones políticas a presentar observaciones o impugnaciones mediante los canales legales establecidos. La entidad sostuvo que las labores realizadas por el servicio diplomático se limitaron al apoyo logístico y organizativo del voto de los peruanos residentes en el exterior.
El comunicado también defendió la actuación de los funcionarios consulares, quienes —según la Cancillería— cumplieron sus responsabilidades en contextos operativos complejos, largas jornadas de trabajo y bajo estrictos procedimientos establecidos por la legislación electoral. La institución remarcó que los diplomáticos son funcionarios de carrera y rechazó cualquier señalamiento que ponga en duda su imparcialidad o profesionalismo.
Asimismo, se precisó que las oficinas consulares solo cumplen funciones de organización y coordinación junto a los organismos electorales. La calificación de actas, el conteo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación oficial de resultados son competencias exclusivas de los organismos electorales, principalmente la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones.
El Ministerio explicó que, una vez concluida la votación, las actas son llenadas por los miembros de mesa, lacradas y entregadas a los personeros políticos acreditados, quienes reciben copias de la documentación electoral. Además, los resultados son exhibidos públicamente en los locales consulares antes de que el material sea remitido a las autoridades competentes en el Perú.
Respecto al aplicativo de escaneo implementado durante la primera vuelta en 108 de las 180 oficinas consulares, la Cancillería aclaró que se trató de una herramienta complementaria solicitada por la ONPE y que en ningún momento reemplazó el traslado físico de las actas ni modificó las competencias legales de los organismos electorales. Para la segunda vuelta, y en coordinación con la ONPE, se decidió no continuar con dicho mecanismo.
Desde una perspectiva crítica, el pronunciamiento evidencia la preocupación del Estado frente a las crecientes sospechas y cuestionamientos en torno al proceso electoral. Si bien la Cancillería busca blindar la legitimidad de sus funcionarios y aclarar los procedimientos aplicados, el nivel de desconfianza política obliga a las instituciones a fortalecer la transparencia y la comunicación pública. En un escenario electoral polarizado, las aclaraciones técnicas pueden resultar insuficientes si no van acompañadas de mecanismos de fiscalización visibles y accesibles para la ciudadanía.
El debate también pone en evidencia que la credibilidad de las instituciones electorales continúa siendo uno de los principales desafíos de la democracia peruana, especialmente cuando las acusaciones políticas se trasladan al ámbito internacional y alcanzan a las representaciones diplomáticas del país.