10 febrero 2025.- Un nuevo caso de presunta corrupción sacude a la Policía Nacional del Perú (PNP). La Dirección de Aviación Policial (Diravpol) está en el centro de la controversia tras revelarse una denuncia sobre pagos irregulares de viáticos falsos por más de S/ 20 mil, que habrían sido ocultados deliberadamente. Además, el denunciante fue reubicado como aparente represalia, siendo asignado a funciones ajenas a su especialización.
Frank Castro, entonces teniente PNP y encargado de tesorería de la Diravpol, detectó las irregularidades al revisar aleatoriamente trámites de cobro de viáticos. Descubrió pagos aprobados para comisiones inexistentes que incluían la falsificación de su firma mientras estaba de vacaciones. Asimismo, verificó que algunos oficiales que figuraban como beneficiarios seguían consumiendo alimentos en la base, lo que confirmaba que nunca dejaron su lugar de trabajo.
Castro presentó un informe interno en septiembre de 2024 señalando a dos oficiales beneficiados: el mayor José España Gil y el capitán Ysmael Sudario Ynga. Según el abogado de Castro, Yury Toscano, ambos recibieron pagos por viajes inexistentes mientras seguían percibiendo otros beneficios.
España negó cualquier relación con los hechos, afirmando no haber trabajado en Lima en los últimos seis años. Por su parte, Sudario se mostró sorprendido y aseguró que investigaría el caso. La defensa de Castro señaló que podrían estar involucrados más oficiales, sugiriendo la existencia de una red estructurada de corrupción dentro de la Diravpol. Hasta el momento, los pagos observados alcanzan los S/ 14 mil por oficial, aunque esta cifra podría aumentar con el avance de las investigaciones.
Según el reglamento, la Diravpol estaba obligada a informar de inmediato a la Oficina de Disciplina y a la Fiscalía, algo que no ocurrió. Toscano afirmó que tanto el general jefe de la Diravpol como otros responsables administrativos tendrán que asumir consecuencias penales y administrativas por ocultar los hechos.
A esto se suma la reubicación de Castro, quien fue trasladado a una comisaría en Arequipa tras nueve años de experiencia en la Diravpol como piloto y en áreas administrativas. Actualmente, realiza tareas como control de calidad en buses urbanos, lejos de su especialización. Según su abogado, este traslado busca aislarlo de las investigaciones y dificultar su colaboración con la Fiscalía. Además, se habrían realizado intentos de coacción en su contra, cuyos detalles están en reserva.
Gracias a un informante protegido, la Fiscalía Anticorrupción del Callao tomó conocimiento del caso en octubre de 2024 y, con apoyo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), inició diligencias. En enero de 2025, la Fiscalía realizó allanamientos en oficinas de la Diravpol, mientras continúa la recopilación de pruebas.
Castro ha apelado administrativamente su traslado a Arequipa. Por otro lado, la PNP denegó solicitudes de entrevista con el jefe de la Diravpol y los presuntos beneficiados, dificultando la transparencia en el caso.
