16/01/26.-
El Poder Judicial ratificó una de las sentencias más severas y simbólicas emitidas en el país contra la trata de personas, al confirmar penas superiores a los 30 años de prisión efectiva para los responsables de la explotación laboral que derivó en la muerte de dos jóvenes durante el incendio del centro comercial Nicolini, ocurrido en junio de 2017.
El caso fue investigado por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, que logró demostrar no solo la explotación que sufrieron las víctimas fallecidas, sino también la situación de esclavitud en la que permanecieron al menos tres jóvenes que sobrevivieron al siniestro. La investigación permitió reconstruir un esquema de abuso sistemático, sostenido en condiciones laborales inhumanas.
Los responsables, Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, fueron hallados culpables del delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud. Coico recibió en 2018 una condena de 35 años de prisión efectiva, mientras que Zeña fue sentenciada a 32 años. Tras una apelación presentada por esta última, el Poder Judicial confirmó en diciembre de 2025 la pena impuesta, cerrando una etapa clave del proceso judicial.
Según la acusación fiscal, las víctimas eran encerradas bajo llave en un contenedor metálico desde la mañana hasta la noche, en un espacio sin ventilación adecuada, iluminación deficiente, sin alimentos ni acceso a servicios higiénicos. A cambio de un pago diario de apenas 25 soles y sin ningún derecho laboral, los jóvenes eran obligados a ensamblar luminarias, alterando marcas comerciales para obtener ganancias ilegales.
Además de las penas privativas de libertad, los sentenciados fueron inhabilitados para contratar con el Estado por el mismo periodo de condena y deberán pagar reparaciones civiles tanto a los sobrevivientes como a los familiares de las víctimas mortales.
Más allá del castigo individual, el fallo marca un hito en la justicia peruana al constituir la primera sentencia por esclavitud laboral en el país. El caso Nicolini se convierte así en un precedente que expone las graves fallas de fiscalización estatal y la normalización de la explotación en sectores informales, recordando que la impunidad también mata cuando el Estado llega tarde.