26/05/26.-
La adquisición de más de 3 mil chalecos antibalas para la Policía Nacional vuelve a colocar bajo cuestionamiento los procesos de compra del Ministerio del Interior y los criterios utilizados para garantizar la seguridad de los agentes. La polémica surgió luego de detectarse presuntas irregularidades en la validación técnica de los equipos de protección adquiridos a la empresa mexicana Armor Life Lab por un monto cercano a los siete millones de soles.
De acuerdo con documentos del proceso de contratación, las bases de la licitación exigían que las pruebas de laboratorio de los chalecos fueran realizadas en una entidad independiente y ubicada fuera del país fabricante. Sin embargo, las evaluaciones de calidad fueron efectuadas por la empresa First Lab Quality Solutions, ubicada en Puebla, México, el mismo país donde opera Armor Life Lab.
La observación fue detectada por especialistas del Servicio de Armamento y Municiones de la Séptima Región Policial Lima, quienes inicialmente rechazaron otorgar conformidad a los 3.164 chalecos antibalas entregados en febrero de este año. El informe técnico advertía que las pruebas no cumplían con el criterio territorial establecido en las bases del concurso, por lo que los equipos quedaron almacenados mientras se solicitaban aclaraciones al proveedor.
Pese a ello, semanas después la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior terminó aceptando la documentación presentada por la empresa mexicana. El argumento central fue una interpretación legal de las bases, señalando que la independencia exigida correspondía únicamente al laboratorio respecto al fabricante y no necesariamente a la ubicación geográfica donde se realizaron las pruebas.
La decisión generó cuestionamientos dentro del propio Servicio de Armamento y Municiones, donde fuentes técnicas advirtieron que, ante observaciones tan sensibles relacionadas con equipos destinados a proteger la vida de policías, lo más prudente habría sido ordenar nuevas pruebas independientes o una reevaluación integral antes de aprobar la entrega.
Sin embargo, el Ministerio del Interior optó por respaldar la posición del contratista mediante una interpretación administrativa y legal, dejando en segundo plano las dudas técnicas planteadas por especialistas. Finalmente, el 7 de mayo, los chalecos fueron distribuidos a diversas comisarías de Lima.
El caso expone nuevamente las debilidades en los mecanismos de supervisión de compras públicas vinculadas a seguridad. Más allá del debate sobre la interpretación de las bases, la controversia refleja un problema de fondo: la prioridad parece haber estado enfocada en validar el proceso administrativo y no en despejar completamente las dudas sobre la calidad de equipos destinados a resguardar la vida de efectivos policiales que enfrentan diariamente altos niveles de violencia y criminalidad.