04/03/26.-
La Comisión Permanente del Congreso concedió un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y emita un informe final sobre las denuncias constitucionales 533, 589 y 598 formuladas contra la expresidenta Dina Boluarte. La decisión fue adoptada por unanimidad, con 20 votos a favor.
Las imputaciones giran en torno a la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y, de manera alternativa, abandono del cargo, contemplados en los artículos 377 y 380 del Código Penal. Las denuncias fueron impulsadas por los congresistas Ruth Luque, Margot Palacios y Carlos Zeballos, además de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. Según el informe de calificación, el sustento principal radica en que Boluarte se habría sometido a intervenciones quirúrgicas en junio de 2023, periodo en el que —según los denunciantes— no habría ejercido plenamente sus funciones hasta el 10 de julio de ese año.
Previamente, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, planteó la acumulación de los tres expedientes, propuesta que fue respaldada. El caso abre un nuevo frente político y jurídico que podría reavivar el debate sobre la transparencia en el ejercicio del poder y los mecanismos de reemplazo temporal en la Presidencia.
En paralelo, la Comisión Permanente aprobó también por unanimidad el archivo de la Denuncia Constitucional 387 contra el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, al concluir que no existen elementos suficientes que acrediten la comisión de delitos como organización criminal o tráfico de influencias agravado.
El contraste entre la apertura de investigación contra la exmandataria y el cierre de otro proceso evidencia la dinámica política del Congreso, donde las decisiones unánimes no necesariamente disipan cuestionamientos sobre los tiempos, prioridades y criterios aplicados en cada caso.