03 abril 2025.- Gracias a un acuerdo tomado por la Mesa Directiva del Congreso de la República el pasado 21 de febrero de este año, se ha decidido contratar un seguro médico privado para los legisladores, los parlamentarios andinos, expresidentes de la República y sus familias.
Según informó La República, esta decisión contó con la aprobación de Rosa Elena Izaguirre Silva, directora general de Administración del Congreso, quien asumió el cargo el 20 de enero de 2025. Además, se reveló que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización asignará un presupuesto de S/ 9 594 875,9 para el 2025 y S/ 3 950 831,19 para el 2026 a la Dirección General de Administración.
El servicio de póliza fue adjudicado a la empresa Rímac Seguros y Reaseguros S.A., a través de un proceso de adjudicación directa, es decir, sin un concurso público con varios competidores.
El medio también intentó contactar a los miembros de la Mesa Directiva, como el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso); la primera vicepresidenta, Patricia Juárez (Fuerza Popular); el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre); y el tercer vicepresidente, Alejandro Cavero (Avanza País), pero no obtuvo respuesta.
En febrero también se reveló que el Congreso destinó casi 1.6 millones de soles para un servicio buffet de 16 meses que cubrirá desayunos, almuerzos, cenas y snacks durante las sesiones plenarias, reuniones de comisiones y otros eventos oficiales. Este servicio ha aumentado en comparación con el contrato anterior, cuyo costo fue superior a los 2 millones de soles por tres años.
Además, en noviembre de 2024, se dio a conocer la adquisición de 4.500 tarjetas electrónicas de consumo para los trabajadores del Congreso, con un costo superior a los S/ 8 millones. Aunque el documento oficial no mencionaba explícitamente a los congresistas como beneficiarios, se confirmó que también recibieron este beneficio navideño, equivalente a más de un sueldo mínimo. Las tarjetas, con un monto de S/ 1.900 cada una, generaron críticas debido a que los legisladores fueron incluidos en un beneficio inicialmente destinado a personal administrativo y operativo.