Ante protestas de pescadores afectados por el derrame de Repsol y sobre carencias de alimentos y sustento económico, la Defensoría del Pueblo pide a la presidencia del consejo de ministros que se emita un decreto de emergencia en base a la Ley nº. 29664, para ampliar la intervención estatal en la ayuda humanitaria a personas afectadas por el derrame de petróleo.
La declaratoria de Emergencia Ambiental no basta para atender los impactos sociales que recaen sobre las personas afectadas, quienes aún no son identificadas por el gobierno, y además la ayuda humanitaria es incompleta y tardía.
Demandamos a la presidencia del consejo de ministros a articular y agilizar entrega de bonos y otras ayudas económicas para proteger a personas afectadas por la falta de pesca, comercio y servicios. La demora estatal agrava la vulneración de sus derechos.
Según COEN en Ventanilla, Ancón y Santa Rosa existen más de 4000 personas afectadas por la paralización de la pesca y cerca de 2000 por el descenso del comercio. Exigimos que Repsol rinda cuentas detalladas sobre la atención individualizada de las personas afectadas.