25/04/26.-
La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, solicitó al Poder Judicial que se notifique al Jurado Nacional de Elecciones sobre la sentencia condenatoria impuesta al actual presidente del Congreso y candidato al Senado, Fernando Rospigliosi. El pedido surge tras el fallo emitido el 7 de abril, que lo sanciona con nueve meses de prisión suspendida por difamación agravada, además de una multa y el pago de una reparación civil.
Espinoza sostiene que esta comunicación es necesaria debido a que el proceso electoral aún no ha concluido, por lo que corresponde al organismo electoral evaluar si el candidato cumple con los requisitos legales para continuar en carrera. Argumenta que la Constitución establece impedimentos para postular a cargos públicos en casos de sentencias condenatorias por delitos dolosos en primera instancia.
En su solicitud, también recuerda que el propio titular del JNE ha manifestado disposición para revisar cualquier situación que pueda afectar la legalidad del proceso electoral. El objetivo, señala, es evitar que se proclame como electo a un candidato que no cumpla con las condiciones exigidas por ley.
El conflicto entre ambas partes se originó tras declaraciones públicas de Rospigliosi, quien cuestionó duramente a Espinoza por reuniones con víctimas de protestas sociales, emitiendo calificativos que motivaron la denuncia por difamación.
El caso evidencia la tensión entre el ámbito político y el sistema judicial, donde decisiones legales pueden incidir directamente en procesos electorales en curso. Si bien el pedido se sustenta en normas constitucionales, también abre el debate sobre el uso de mecanismos legales en contextos políticamente sensibles.
Asimismo, la situación pone en cuestión los estándares éticos de los candidatos, especialmente cuando se trata de figuras que ocupan altos cargos públicos. Sin embargo, también plantea el riesgo de que procesos judiciales en etapas iniciales puedan influir en la voluntad popular antes de una resolución definitiva.
En este escenario, el reto para las autoridades electorales será garantizar imparcialidad y transparencia, evitando que la aplicación de la ley sea percibida como una herramienta de disputa política.