04 DICIEMBRE 2025.-
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) fijó una postura clara frente al proyecto del Congreso que plantea extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). A través de un documento oficial, la entidad rechazó la propuesta de ampliarlo hasta 2027 y defendió que un año adicional —hasta finales de 2026— es suficiente, debido a las facilidades administrativas que actualmente se vienen implementando para acelerar el proceso.
El sector también cuestionó que el Congreso pretenda recortar facultades esenciales de control y fiscalización. El Minem pidió mantener la potestad de excluir de inmediato del Reinfo a mineros que operen en zonas prohibidas o que usen el registro como un mecanismo para evadir sanciones. Asimismo, planteó sacar del padrón a quienes no cumplan, hasta el 30 de junio de 2025, con requisitos mínimos como tener el RUC activo, declarar su producción o presentar el instrumento de gestión ambiental (IGAFOM).
La institución propuso reemplazar la denominación “minero en vías de formalización” por “titular de una licencia temporal de producción minera”, un concepto que busca dar mayor rigor al proceso. También recordó que la fiscalización ambiental de la pequeña minería corresponde a los gobiernos regionales, por lo que no debe trasladarse al Ministerio.
El Minem solicitó además que se exija contar con trabajadores en planilla como requisito obligatorio y pidió que se le permita continuar con la evaluación del IGAFOM cuando entidades como ANA o Serfor no entreguen sus informes a tiempo, evitando así que el trámite se paralice. Del mismo modo, consideró innecesaria la inclusión del censo nacional de pequeña minería, pues el Gobierno ya lo tiene previsto.
Análisis: La postura del Ministerio refleja un intento por ordenar un sistema de formalización que, durante años, ha mostrado vacíos y permisividad frente a actividades irregulares. Su rechazo a extender el Reinfo por más tiempo evidencia preocupación por que el registro siga siendo usado como refugio para operaciones ilegales. Sin embargo, también expone tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente en torno al control del sector minero. El desafío será encontrar un equilibrio entre agilizar la formalización y evitar que la ampliación del plazo se convierta en una vía libre para prácticas clandestinas.