30/01/26.-
El llamado “chifagate” continúa escalando y sumando nuevas contradicciones. Este viernes, la embajada de China desmintió públicamente al presidente José Jerí, quien inicialmente aseguró que se había reunido en un chifa de San Borja con el empresario Zhihua Yang para coordinar los preparativos del Día de la Amistad Perú-China. La aclaración oficial del país asiático dejó en entredicho la versión del mandatario y reavivó las sospechas en torno a dicho encuentro.
Mediante un pronunciamiento difundido en redes sociales, la embajada precisó que la organización de esta conmemoración se realizó en coordinación directa con el Ministerio de Cultura del Perú, y no a través de gestiones informales. Recordó además que el Congreso aprobó en 2024 la ley que declara el 1 de febrero como el Día de la Confraternidad Peruano-China, celebración que este año se realizará por segunda vez con una feria tradicional del Año Nuevo Chino en la explanada del Ministerio de Cultura.
Esta versión contradice lo afirmado por José Jerí el pasado 11 de enero, cuando anunció actividades en Palacio de Gobierno y la participación de diversos representantes, argumentos que ahora quedan descartados. Posteriormente, el presidente modificó su relato y admitió que el 26 de diciembre de 2025 sostuvo una reunión nocturna y encapuchado con Zhihua Yang, en la que también participaron el ministro del Interior y su escolta, alegando que fue en un horario “habitual y prudente”.
El caso se agrava al conocerse que el empresario chino registró al menos tres ingresos formales a Palacio de Gobierno entre diciembre de 2025 y enero de 2026, todos consignados como reuniones de trabajo con funcionarias del área de comunicaciones de la Presidencia. A ello se suma que, durante el actual gobierno, una empresa vinculada a Zhihua Yang solicitó una prórroga para iniciar operaciones de un proyecto hidroeléctrico en Apurímac, pedido que fue rechazado tras estallar el escándalo.
En este contexto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, acudió a Palacio para interrogar al presidente por estas reuniones, en el marco de una investigación preliminar por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Más allá de las explicaciones oficiales, el caso expone serias dudas sobre la transparencia del Ejecutivo y la fragilidad de sus versiones frente a hechos documentados.