29/0/26.-
El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la condena contra el exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, al hallarlo responsable del delito de negociación incompatible por haber autorizado la construcción de un centro comercial sin cumplir con los estudios técnicos exigidos por ley. La sentencia establece cuatro años de pena privativa de la libertad y, conforme a la normativa electoral vigente, lo deja automáticamente fuera de la contienda municipal prevista para el 4 de octubre.
La fiscal superior María del Carmen Ruiz Hurtado, de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, precisó que el fallo no solo alcanza a Saldaña, sino también a otros exfuncionarios municipales implicados en el mismo proceso. Entre ellos figuran Jorge Ávalos, exsubgerente de Planeamiento Urbano; Juan Amézquita, exsubgerente de Obras Privadas; así como Lourdes Sánchez y Alejandro Odar, exservidores de la comuna.
Los hechos se originaron en 2017, cuando la empresa Mall Plaza Inmobiliaria S.A. solicitó la habilitación urbana para uso comercial y la licencia de edificación del proyecto Mall Plaza Comas. Según la investigación fiscal, el objetivo era obtener un trámite rápido y favorable, lo que derivó en la aprobación irregular del proyecto sin contar con estudios de impacto ambiental y vial, requisitos obligatorios para una obra de esta magnitud.
La fiscal adjunta superior Leidy Diana Cherrapano Collantes sostuvo que, durante el proceso administrativo, la empresa privada entregó alrededor de 200 toneladas de rocas a la municipalidad para trabajos de prevención en el río Chillón. Para el Ministerio Público, este hecho constituye un indicio claro de un interés indebido que comprometió la imparcialidad y transparencia del procedimiento.
De acuerdo con la Fiscalía, cada uno de los procesados cumplió un rol específico dentro del esquema irregular. Saldaña omitió ejercer un control adecuado sobre los trámites; Ávalos firmó la aprobación de la habilitación urbana; Amézquita autorizó la licencia de edificación; mientras que Sánchez y Odar elaboraron informes técnicos que respaldaron el proyecto de la empresa.
Si bien la condena inicial fue reconvertida a 156 jornadas de trabajo comunitario, el fallo mantiene una sanción clave: la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos y el pago solidario de 25 mil soles como reparación civil al Estado.
Este pronunciamiento judicial frustra las aspiraciones políticas de Miguel Saldaña, quien en las últimas semanas había intensificado actividades proselitistas con el partido Podemos Perú, buscando retornar a la alcaldía de Comas.
El abogado electoralista José Naupari explicó que la situación legal del exalcalde lo coloca en un doble impedimento para postular. Por un lado, la Ley de Elecciones Municipales prohíbe la candidatura de personas con sentencia condenatoria por delitos dolosos, especialmente aquellos vinculados a corrupción. Por otro, la inhabilitación impuesta por el Poder Judicial le impide ejercer cualquier función pública durante cinco años.
Este caso vuelve a poner en evidencia las graves deficiencias en la gestión municipal y el uso discrecional del poder en gobiernos locales. La aprobación de proyectos de gran envergadura sin estudios técnicos no solo vulnera la ley, sino que expone a la población a riesgos ambientales y urbanos. La sentencia contra Miguel Saldaña y sus exfuncionarios marca un precedente relevante en la lucha contra la corrupción, pero también revela la lentitud con la que estos procesos llegan a una resolución definitiva. Además, deja al descubierto cómo algunos actores políticos intentan mantenerse vigentes electoralmente pese a tener procesos judiciales avanzados, lo que refuerza la necesidad de mayores filtros y controles éticos en la política local.