03/07/26.-
Un nuevo episodio de violencia ligado a la extorsión sacudió la Provincia Constitucional del Callao. Durante la madrugada, una combi de transporte público fue incendiada de manera intencional en el sector de Villegas, dejando pérdidas materiales de consideración y poniendo en riesgo la vida de los vecinos de la zona.
El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. y quedó registrado por cámaras de videovigilancia. De acuerdo con la Policía, un sujeto con el rostro cubierto y portando una mochila se acercó al vehículo estacionado, provocó el incendio y huyó del lugar antes de que las llamas se propagaran.
El propietario de la unidad denunció que el atentado estaría relacionado con extorsionadores que operan en el transporte público. Según relató, desde hace más de dos años realizaba pagos ilegales a distintas organizaciones criminales con la finalidad de evitar represalias. Sin embargo, aseguró que esos desembolsos no impidieron que su vehículo fuera destruido.
Las llamas consumieron rápidamente la combi, que terminó desplazándose sin control hasta impactar contra una vivienda cercana. El fuego ocasionó daños en la fachada del inmueble y alcanzó otros tres vehículos estacionados, entre ellos otra combi y un automóvil particular, incrementando las pérdidas materiales.
Personal del Cuerpo General de Bomberos y vecinos lograron controlar la emergencia antes de que el incendio comprometiera otras viviendas del sector. Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones y revisan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al responsable del atentado.
El transportista señaló que la pérdida de su unidad representa un duro golpe económico, ya que aún mantiene obligaciones financieras por la compra del vehículo y ahora deberá afrontar también los gastos ocasionados por los daños a la vivienda afectada.
Este nuevo atentado refleja el creciente poder de las redes de extorsión que operan sobre el transporte público en Lima y Callao. El hecho de que la víctima afirme haber pagado cupos durante años sin evitar el ataque evidencia que estas organizaciones criminales no respetan acuerdos y utilizan el terror como mecanismo permanente de control.
El caso también pone en evidencia la vulnerabilidad de los transportistas, quienes muchas veces se ven obligados a elegir entre denunciar o ceder a las amenazas para proteger su integridad y su fuente de ingresos. Mientras no se desarticulen las estructuras criminales y se fortalezca la capacidad de inteligencia e investigación de las autoridades, los pagos extorsivos seguirán siendo insuficientes para frenar una violencia que continúa afectando a trabajadores y ciudadanos inocentes.