20/04/26.-
La Fiscalía de la Nación decidió archivar la investigación contra Dina Boluarte por el incremento de su remuneración presidencial, al concluir que no existen elementos suficientes para sustentar una denuncia constitucional. El caso giraba en torno al aumento de su salario, que superó los 35 mil soles mensuales tras un decreto emitido en 2024.
La denuncia, impulsada por una organización civil, señalaba una posible vulneración de los límites salariales establecidos en la normativa vigente. Sin embargo, el fiscal Tomás Gálvez determinó que no se configuró el delito de negociación incompatible, al no evidenciarse un interés indebido ni irregularidades en el proceso.
El Ministerio Público sostuvo que el incremento se sustentó en la Ley del Servicio Civil y en disposiciones aprobadas posteriormente en el presupuesto público, lo que habría permitido ajustar la remuneración presidencial dentro del marco legal. Además, indicó que el procedimiento se inició meses antes de lo que afirmaban los denunciantes, debilitando la hipótesis de una gestión irregular.
Durante la investigación se recogieron testimonios de funcionarios y se revisaron informes técnicos que respaldaron la legalidad del proceso. Según la Fiscalía, las decisiones fueron adoptadas de manera colegiada, sin indicios de concertación ilícita.
El archivo del caso, sin embargo, reabre el debate sobre los límites éticos en el uso de normas para justificar incrementos salariales en altos cargos. Aunque no se identificaron responsabilidades penales, el episodio expone tensiones entre legalidad y legitimidad en un contexto político marcado por la desconfianza ciudadana.