Martes 27 de Noviembre de 2018.- El Ministerio Público solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani. Ello, tras la investigación preliminar que se realiza en su contra por presuntos tocamientos indebidos.
Como es de conocimiento público, el legislador representante de Puno fue denunciado por una tripulante de la aerolínea Latam por tocamientos indebidos, lo que motivó, según la empresa, que el congresista Moisés Mamani sea retirado del avión el pasado 14 de noviembre.
Ante este hecho, la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, a cargo de la fiscal Jacqueline Pérez Castañeda, inició diligencias preliminares por el término de diez días naturales por los supuestos delitos contra la libertad sexual.
El despacho de la fiscal Pérez recibió testimonios de la agraviada, quien se ratificó en su denuncia policial; así como de otros testigos a bordo del vuelo Juliaca-Lima. Todo ello, de acuerdo con la documentación que la fiscal ha enviado al Poder Judicial.
“Requerirle el levantamiento de inmunidad parlamentaria y, en el más breve plazo, eleve a la Corte Suprema de la República la solicitud”, se lee en un oficio difundido en Canal N.
Asimismo, en el documento dirigido al Juzgado de Investigación Preparatoria también se da cuenta de que los delitos no habrían sido cometidos en el ejercicio de la función parlamentaria.
Se añade que todas las diligencias preliminares se llevaron a cabo bajo los derechos y garantías previstos en la Constitución, y con el respeto irrestricto de defensa del investigado.
Consultado al respecto, el abogado constitucionalista Luciano López explicó a El Comercio que el trámite legal para estos casos se realiza de forma rápida. Detalló que el Juzgado de Investigación Preparatoria solo debe remitir un oficio con los principales actuados, mas no decidir sobre el tema de fondo.
Esto corresponderá ─refirió─ a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, que es una sala especial. Allí se analizará que efectivamente el delito imputado sea un delito común y no se haya cometido en el ejercicio de sus funciones legislativas.
“Revisan que no es un delito funcional, sino un delito común, calificando los delitos, lo que envían al Congreso”, apuntó.