02/01/26
Un golpe estructural remeció a Petroperú tras la decisión del Gobierno de José Jerí de poner en marcha un profundo proceso de reorganización que, en la práctica, abre la puerta a la liquidación parcial de la empresa estatal. Mediante el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo dispuso la división de los activos de la petrolera en uno o más bloques patrimoniales autónomos, una medida que alcanza incluso a la emblemática Refinería de Talara.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros, sostiene que el objetivo central es preservar la sostenibilidad financiera y operativa de Petroperú, mejorar su gobernanza y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país. El propio decreto reconoce que la empresa atraviesa una situación crítica que representa un riesgo inmediato para el sistema de refinación, transporte y comercialización, lo que justificaría una intervención excepcional del Estado.
Sin embargo, la medida ha generado una fuerte reacción de los sindicatos, que consideran que la reorganización equivale a un desmantelamiento de Petroperú. La mayor alarma se centra en el impacto laboral. El decreto ordena que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, el Directorio apruebe una nueva estructura orgánica y ejecute un proceso de reconversión y reducción de personal, incluyendo la extinción de contratos bajo el régimen del Decreto Legislativo 728.
Para afrontar estos despidos, el Ejecutivo autorizó un aporte de capital de S/240 millones en 2026, destinado al pago de beneficios sociales, y una transferencia adicional de hasta S/144 millones a ProInversión para diseñar y ejecutar el proceso de reorganización patrimonial, con apoyo de asesores especializados.
El exministro de Economía Luis Miguel Castilla defendió la decisión y la calificó como inevitable ante la inviabilidad financiera de la empresa. Señaló que no se trata de una improvisación, sino de la aplicación del marco legal vigente que permite la promoción de inversión privada, incluyendo la separación de activos estratégicos como Talara. Afirmó que el objetivo es atraer capital privado para preservar lo que aún tiene valor y evitar que el Estado continúe inyectando recursos públicos, tras más de S/17 mil millones destinados a rescates sin resultados.
La decisión del Ejecutivo marca un punto de quiebre en la historia de Petroperú. Bajo el argumento de urgencia financiera, el Gobierno ha optado por una salida drástica que traslada el peso del ajuste a los trabajadores y redefine el rol del Estado en el sector energético. Si bien la crisis de la empresa es innegable, el proceso abre un debate de fondo sobre si esta reorganización representa una solución estructural o el inicio de la desaparición progresiva de la principal petrolera estatal. El reto será garantizar transparencia, proteger el interés público y evitar que la liquidación de activos termine beneficiando a privados sin resolver los problemas de fondo.