01/02/26.-
La violencia asociada a la actividad minera volvió a sacudir la provincia de Pataz, en la región La Libertad, tras el reporte de un nuevo episodio sangriento ocurrido la noche del 31 de diciembre de 2025, en plena víspera de Año Nuevo. Aunque versiones iniciales difundidas por autoridades locales y pobladores hablaban de hasta 13 personas asesinadas, hasta el momento la Policía Nacional solo ha confirmado el hallazgo de tres cuerpos dentro de una zona minera del distrito.
El alcalde de Pataz, Aldo Mariños, informó en un primer momento sobre la muerte de tres mineros artesanales, cuyos cadáveres fueron trasladados a la comisaría de Vijus. Sin embargo, testimonios de familiares y vecinos, recogidos por medios locales, sostienen que el número de víctimas sería mayor y que aún habría personas desaparecidas dentro de la mina, lo que mantiene un clima de tensión e incertidumbre en la zona.
Horas después, la empresa Minera Poderosa emitió un comunicado en el que señaló que, durante la madrugada del 31 de diciembre, su personal de seguridad acudió a la bocamina Papagayo, en el anexo de Vijus, tras escuchar disparos. En el lugar se encontraron tres personas sin vida con impactos de bala. Según la empresa, las víctimas habrían ingresado de manera ilegal al área de explotación con la presunta intención de sustraer mineral, en un contexto de disputa entre grupos vinculados a la minería ilegal que operan en la zona.
La compañía informó además que dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Policía Nacional, y aseguró que, tras las verificaciones realizadas, no se registran personas retenidas ni desaparecidas dentro de sus operaciones. Asimismo, expresó su disposición a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio. El fiscal provincial Limber Pascual Mallqui Acosta ordenó el levantamiento de los cuerpos hallados en la bocamina Papagayo y su traslado a la División Médico Legal de Trujillo para las necropsias correspondientes. También se dispuso la realización de pericias balísticas sobre 11 casquillos encontrados en la escena, así como la toma de declaraciones al personal de seguridad privada y a los agentes policiales intervinientes, además de la revisión de cámaras de videovigilancia.
El distrito de Pataz permanece bajo estado de emergencia y toque de queda, mientras continúa el despliegue policial y fiscal. En este contexto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales condenó los asesinatos y advirtió que lo ocurrido evidencia el avance del crimen organizado y la falta de una estrategia eficaz del Ejecutivo para recuperar el control territorial. Exigió una intervención integral, mayor fortalecimiento policial y acciones firmes contra la impunidad.
El nuevo episodio de violencia en Pataz confirma que la minería ilegal se ha consolidado como un foco crítico de criminalidad, donde la ausencia del Estado permite que los conflictos se resuelvan a balazos. Las versiones contradictorias sobre el número de víctimas revelan no solo desinformación, sino también la fragilidad de los mecanismos de control y respuesta. Mientras no se implemente una estrategia integral que combine seguridad, fiscalización y alternativas económicas, Pataz seguirá siendo escenario de muertes que reflejan una crisis estructural más profunda.