Lunes 8 abril 2024.- Las cambiantes y surrealistas explicaciones de nuestra presidente respecto a sus joyas y relojes, han puesto las luces sobre los gobernadores regionales y de su mala fama. Específicamente sobre Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, la región con mayor pobreza monetaria del Perú. Allí, cuatro de cada diez personas son pobres y con casi 20 % de niños desnutridos. Según informa Perú 21, Oscorima tiene más denuncias que relojes. Fue sentenciado dos veces por corrupción y cumplió prisión luego de permanecer prófugo por varios meses. Se dice que años atrás amasó una fortuna a través de explotación ilegal de varios tragamonedas que lo pusieron bajo sospecha fiscal debido a denuncias de apropiación ilícita, evasión de impuestos, lavado de dinero, prostitución y tráfico de drogas. Me pregunto si Dina sabía todas estas perlas de su wawqi antes de recibirle tamaños «préstamos».
Lamentablemente, el caso de Oscorima no es el único. La lista es larga. Según información consignada en Ojo Público del 20 de septiembre 2022, el 84 % de los gobernadores regionales de aquél año estaban en calidad de investigados. Los poseedores de mayor número de denuncias correspondían a Junín, Puno, Ancash, Arequipa, Madre de Dios, Tumbes y Ucayali. Todos ellos debieron dejar sus cargos. Algunos fueron sentenciados, otros con prisión preventiva y otros prófugos de la justicia. El 70 % de los delitos estaban referidos a corrupción de funcionarios ( colusión, peculado, negociación incompatible, malversación y cohecho ). Una verdaderas joyas estos gobernadores.
No olvidemos tampoco que Vladimir Cerrón, fundador y presidente del partido de gobierno (sí, aunque el flamante Primer Ministro, se refiera a Castillo, como «el del gobierno anterior») y también integrante fallido de la plancha presidencial de Castillo, fue uno de los primeros gobernadores separados de su cargo por favorecer la entrega de las obra de saneamiento de la La Oroya durante su gestión como gobernador de Junín y actualmente prófugo tras ser sentenciado por delitos de corrupción por el caso Aeródromo Wanka. Vaya plancha presidencial: Castillo preso, Cerrón fugado y Dina investigada por posible desbalance económico….todo esto en menos de la mitad de su periodo…todo un record.
Estos personajes aprovecharon hasta la crisis del Covid 19 para hacer sus fechorías, Así tenemos al gobernador de Ancash, Juan Carlos Morillo, por haber favorecido presuntamente a varias empresas que ganaron la buena pro para construir e implementar un ambiente para pacientes de Covid en el hospital regional de Chimbote.
Asimismo, la defensoría del Pueblo señala que en el primer semestre del 2,023 se registraron 5,860 casos de corrupción en trámite, con Lima, Ancash y Junín a la cabeza y 5,779 casos en el segundo semestre por casos similares. Del total de casos, la mayor parte corresponde a gobiernos locales seguidos de los gobiernos regionales y luego la PNP. Las cifras hablan por sí solas
Como vemos, la regionalización es un proceso fallido respecto a una descentralización mal planteada. Por lo dicho anteriormente resulta obvio que lo que realmente se descentralizó fue la corrupción. Una verdadera regionalización debió plantear regiones transversales para asegurar el acceso al agua y a una variedad de recursos y no como burdamente se hizo sobre los departamentos preexistentes. Sólo fue un cambio de nombre y se mantuvo el ingente número de autoridades mayormente sin el perfil ni los cuadros necesarios para las nuevas responsabilidades delegadas por el gobierno nacional. Si a eso le agregamos la incapacidad del gobierno central para supervisar la labor de los gobernadores entendemos el por qué estos sujetos se fueron convirtiendo en reyezuelos que lejos de seguir los Planes de desarrollo concertados o los Planes de desarrollo nacionales, se dedicaron a hacer literalmente lo que les daba la gana.
Por tanto, en mi modesta opinión, los gobiernos regionales deben replantearse con urgencia y disminuir drásticamente el número de autoridades ya que lo único que acrecientan es la burocracia y la ineficiencia. Un gobierno regional apoyado y fiscalizado por delegados de las diferentes provincias sería suficiente. Ni los grandes países desarrollados tienen tantas autoridades como el Perú pero ello, claro, tiene una causalidad: el manejo de presupuestos y dar trabajo a los militantes del partido gobernante y sus amigos.