26/12/25.-
La minería ilegal se ha posicionado como la principal fuente de ingresos del crimen organizado en el país, superando con creces al narcotráfico, según advirtió el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. De acuerdo con las estimaciones de la institución, esta actividad ilícita genera ganancias hasta seis veces mayores que las obtenidas por el tráfico de drogas, consolidándose como un negocio de alto impacto económico y social.
En declaraciones a Canal N, el jefe policial sostuvo que la expansión de la minería ilegal está directamente vinculada al incremento de delitos violentos como el sicariato y la extorsión, especialmente en regiones donde bandas criminales compiten por el control de zonas ricas en oro. Estas disputas, explicó, han profundizado la inseguridad y han debilitado la presencia del Estado en territorios estratégicos.
Arriola advirtió además que estas organizaciones no operan de manera aislada, sino que mantienen conexiones con redes criminales internacionales, lo que eleva el nivel de complejidad para su persecución y refuerza su capacidad económica y armada. Frente a este escenario, la PNP ha intensificado operativos en establecimientos penitenciarios, con el objetivo de cortar las coordinaciones criminales que se siguen ejecutando desde el interior de las cárceles.
Según el comandante general, numerosos líderes de estas redes continúan ordenando actos de violencia y cobros extorsivos mediante el uso ilegal de teléfonos móviles. A ello se suman acciones multisectoriales orientadas a afectar la logística del crimen organizado, como el control de explosivos y armas, la fiscalización de la venta de chips y equipos móviles, y la incautación de maquinaria pesada y mineral extraído ilegalmente.
En relación con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera hasta 2026, Arriola precisó que la Policía actúa dentro del marco legal vigente y continuará liderando operativos de interdicción en zonas críticas como Pataz y Madre de Dios.
El reconocimiento de la minería ilegal como el negocio criminal más rentable del país expone la magnitud de una economía ilícita que ha superado largamente al narcotráfico sin recibir una respuesta estatal proporcional. La coexistencia de interdicciones policiales con la ampliación de mecanismos de formalización cuestionados revela una estrategia fragmentada, donde la represión no logra frenar el flujo de recursos que financian la violencia. Mientras no se cierre el circuito económico que sostiene a estas redes —desde la extracción hasta la comercialización del oro—, la minería ilegal seguirá alimentando el sicariato, la extorsión y la pérdida de control territorial.