26/12/25.-
El Poder Ejecutivo dispuso la declaratoria de estado de emergencia por 60 días en zonas consideradas críticas del departamento de Piura, como respuesta al aumento de la criminalidad y los episodios de violencia registrados en la región. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 146-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y alcanza a distritos de las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara.
Según el decreto, la intervención estará a cargo de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, en áreas priorizadas a partir de información de inteligencia, estadísticas delictivas y mapas de incidencia criminal. Durante la vigencia del estado de emergencia se aplicarán restricciones excepcionales a derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión, conforme a lo previsto en la Constitución.
Las actividades públicas de carácter masivo requerirán autorización previa, mientras que las no masivas podrán desarrollarse sin permisos especiales, manteniéndose las competencias municipales sobre el uso y control de los espacios públicos. La PNP conservará la conducción del orden interno, con respaldo militar en puntos críticos, bajo los protocolos vigentes sobre uso de la fuerza y con énfasis en la protección de poblaciones vulnerables.
El dispositivo contempla operativos de control de identidad, patrullajes intensivos e intervenciones focalizadas contra el crimen organizado y otras economías ilegales. Asimismo, se activarán de forma permanente los comités de seguridad ciudadana y se conformará un Comando de Coordinación Operativa Unificada, encargado de articular acciones entre autoridades policiales, judiciales, municipales y de defensa civil, con un centro operativo funcionando las 24 horas.
El plan incluye el uso de herramientas tecnológicas para labores de inteligencia, operativos de fiscalización con diversas entidades del Estado y acciones para recuperar espacios públicos asociados a actividades delictivas. También se establecen restricciones en los establecimientos penitenciarios, como la reducción de visitas y el reforzamiento del control interno para evitar comunicaciones ilícitas desde los penales.
El financiamiento de estas acciones se realizará con recursos institucionales y fondos adicionales sujetos a disponibilidad presupuestal. Al término del periodo de emergencia, el comando operativo deberá presentar un informe de evaluación al Ejecutivo, al Congreso y al Poder Judicial.
La declaratoria de emergencia en Piura evidencia la gravedad del deterioro de la seguridad en la región, pero también pone en cuestión la reiteración de medidas excepcionales como principal respuesta estatal. Si bien el despliegue conjunto de policías y militares puede generar un impacto inmediato, su eficacia dependerá de la coordinación interinstitucional, el respeto a los derechos fundamentales y, sobre todo, de la capacidad del Estado para sostener políticas de prevención y control más allá del plazo de emergencia. Sin resultados concretos y sostenibles, el riesgo es que estas medidas se conviertan en soluciones temporales frente a un problema estructural.