09/05/26.-
La carrera por asegurar un lugar en la segunda vuelta presidencial en Perú entra en su fase más crítica. Con el 99.42% de actas procesadas hasta el 9 de mayo a las 3:45 p.m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta que Roberto Sánchez conserva una ventaja mínima de 14,768 votos sobre Rafael López Aliaga, en un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión política.
Según los datos oficiales, Keiko Fujimori encabeza la votación con 2′861,493 votos, equivalentes al 17.1% de los votos válidos. En el segundo puesto se ubica Sánchez con 1′999,983 votos (12%), seguido muy de cerca por López Aliaga, quien suma 1′985,215 votos (11.91%). La estrecha diferencia mantiene en vilo el desenlace, considerando que aún quedan 533 actas en evaluación por parte del Jurado Electoral Especial (JEE).
En este contexto, López Aliaga ha endurecido su postura al advertir que no reconocerá los resultados si no se accede a una revisión integral del proceso electoral. Sus declaraciones, realizadas ante prensa extranjera, cuestionan la legitimidad de una eventual segunda vuelta, calificándola como contraria a la voluntad popular. Sin embargo, sus denuncias de fraude carecen hasta ahora de sustento probatorio sólido, lo que debilita su posición frente a la institucionalidad electoral.
El candidato de Renovación Popular también ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional e instancias internacionales, insistiendo en la anulación de mesas específicas —particularmente de la serie 900, ubicadas en zonas rurales— donde obtuvo menor respaldo, lo que abre un debate sobre la representatividad y el trato a votos provenientes de regiones alejadas.
Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones proyecta que los resultados oficiales se proclamen a mediados de mayo, en un proceso que ya acumula varias semanas desde los comicios del 12 de abril. La reducción progresiva de la brecha —que el 7 de mayo superaba los 22 mil votos— evidencia un conteo dinámico, pero también alimenta sospechas y narrativas políticas que podrían erosionar la confianza en el sistema electoral.
El escenario refleja no solo una competencia reñida, sino también las fragilidades institucionales frente a discursos que, sin pruebas concluyentes, ponen en cuestión la transparencia del proceso. La etapa final del conteo será clave no solo para definir a los contendores de la segunda vuelta, sino también para medir la solidez democrática del país ante presiones políticas.