08/05/26.-
La Oficina Nacional de Procesos Electorales sancionó al partido Fuerza Popular con una multa equivalente a 36 UIT, cerca de S/198 mil, además de reducir en un 50 % el financiamiento público que recibe la agrupación política, tras detectar el uso de recursos estatales en actividades ajenas a los fines establecidos por la Ley de Organizaciones Políticas.
Según la resolución emitida por el organismo electoral, la agrupación liderada por Keiko Fujimori destinó dinero del financiamiento público directo a actividades que no califican como capacitación política ni formación ciudadana, pese a haber sido presentadas inicialmente bajo ese argumento.
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre un viaje realizado entre abril y mayo de 2024 a California, Estados Unidos, para la supuesta actividad denominada “Capacitación, conferencias e intercambio académico”. De acuerdo con la ONPE, la revisión de documentos, invitaciones y programas reveló que no existían evidencias de contenido académico real. Por el contrario, el itinerario incluía visitas protocolares a universidades, reuniones diplomáticas y recorridos a empresas tecnológicas, actividades que difícilmente encajan dentro de la formación política exigida por ley.
La entidad electoral también observó gastos vinculados al programa “The Leader’s Fellowship”, en el que participaron representantes del partido. La ONPE concluyó que dicha actividad tenía un enfoque principalmente religioso y espiritual, incluyendo visitas a viñedos, misas y reflexiones cristianas, sin relación directa con capacitación técnica para el ejercicio político o la gestión pública.
Asimismo, se detectaron pagos por intereses moratorios y una maestría en gestión pública valorizada en S/100 mil, sumando en total más de S/143 mil utilizados en fines considerados incompatibles con la normativa vigente.
Aunque el organismo precisó que no existen pruebas suficientes para afirmar que hubo dolo o intención deliberada de infringir la ley, sí concluyó que la documentación revisada acredita un uso indebido del financiamiento estatal.
El caso vuelve a abrir el debate sobre la fiscalización del dinero público entregado a los partidos políticos y el nivel de control real sobre sus gastos. Mientras agrupaciones políticas reciben millonarios recursos bajo el argumento de fortalecer la democracia y formar cuadros técnicos, resoluciones como esta evidencian vacíos en la supervisión y una interpretación flexible de qué puede considerarse “capacitación política”.
Pese a ello, la ONPE decidió no continuar con el análisis de gastos relacionados con asesorías legales, debido a recientes cambios legislativos que ahora permiten este tipo de desembolsos con fondos públicos. Sin embargo, la agrupación deberá regularizar parte de la documentación observada en un plazo de 30 días hábiles.