17/04/26.-
La Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó financiar la defensa legal de su jefe institucional, Piero Corvetto, en medio de cuestionamientos por las fallas en la distribución del material electoral durante la jornada del 12 de abril y por la adjudicación de un contrato millonario a la empresa Servicios Generales Galaga.
La decisión se sustenta en la Ley del Servicio Civil, que permite a los funcionarios recibir asistencia legal cubierta por la entidad en procesos penales o administrativos. La resolución contempla la cobertura durante las etapas iniciales de la investigación. En paralelo, Corvetto, quien debía declarar ante el Ministerio Público por un presunto delito de colusión, solicitó reprogramar su citación y realizarla de forma virtual con el respaldo de su defensa.
El caso gira en torno a la adjudicación de un contrato de más de seis millones de soles para el reparto de material electoral, en un contexto donde diversos locales de votación en el sur de Lima no recibieron a tiempo actas ni padrones. Mientras la ONPE atribuye la responsabilidad a la empresa, la contratista señala fallas internas en la entrega del material, lo que habría retrasado la salida de los vehículos hasta la madrugada del día electoral.
El episodio expone una preocupante cadena de responsabilidades diluidas. Que una entidad pública asuma la defensa de su propio titular en medio de una investigación por presunta colusión abre cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la transparencia institucional. Más allá de la legalidad del beneficio, el caso refleja debilidades en los controles y en la gestión logística, afectando la confianza en el sistema electoral.
