07/02/26.-
El Poder Judicial analizó la posibilidad de dar por concluida la investigación preparatoria seguida contra el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y otros implicados en el caso conocido como Los Dinámicos del Centro. La evaluación quedó a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que convocó a una audiencia virtual para revisar los pedidos de control de plazo presentados por varios investigados.
La sesión, realizada el lunes 9 de febrero desde las 9:00 a. m., tuvo como finalidad determinar si la Fiscalía Anticorrupción debía cerrar esta etapa procesal y definir su decisión final: formular acusación, solicitar el sobreseimiento o archivar el caso. Los investigados sustentaron sus pedidos en el exceso del plazo legal inicialmente establecido para la investigación.
Durante la audiencia, el juzgado escuchó los argumentos de las defensas, así como las posiciones del Ministerio Público y de la Procuraduría Anticorrupción, ambas entidades coincidiendo en la necesidad de culminar diligencias pendientes antes de adoptar una resolución definitiva. La Fiscalía defendió la ampliación de plazos al señalar que se trata de un caso complejo, con decenas de implicados y múltiples hechos delictivos.
Según la acusación fiscal, la presunta organización criminal habría estado conformada por más de 42 personas y operaba mediante el cobro de sobornos para otorgar licencias de conducir irregulares y la contratación de militantes o simpatizantes de Perú Libre, a quienes luego se exigían pagos ilegales. Estas prácticas habrían generado beneficios económicos sostenidos durante la gestión regional de Cerrón.
El juez Jorge Chávez Tamariz autorizó en enero de 2025 una prórroga de 30 meses adicionales, decisión cuestionada por las defensas por considerar que vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. La evaluación judicial resulta clave, no solo por el futuro legal de Vladimir Cerrón —actualmente prófugo—, sino también porque pone en debate los límites entre la complejidad de los casos de corrupción y la obligación del sistema de justicia de actuar con celeridad y eficacia.