09/01/26.- El Poder Judicial resolvió que Vladimir Cerrón continúe sujeto a una orden de prisión preventiva, a pesar de haber formalizado su inscripción como candidato presidencial para las Elecciones Generales de 2026, mientras permanece fuera del alcance de la justicia.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso presentado por su defensa, que pretendía reemplazar la medida de prisión preventiva por comparecencia con restricciones. El tribunal concluyó que los argumentos expuestos no logran desacreditar los fundamentos que sustentan la medida coercitiva, ni reducen el riesgo procesal identificado por el Ministerio Público.
Cerrón encabeza la fórmula presidencial del partido Perú Libre junto a su madre, Berta Rojas. Ambos afrontan investigaciones por presunta organización criminal y lavado de activos, en el marco de supuestos aportes ilícitos destinados al financiamiento del partido. Aun así, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro-1 admitió la inscripción de la lista presidencial, debido a que no se han presentado tachas formales en su contra hasta el momento.
De acuerdo con la tesis fiscal, Cerrón habría liderado una estructura criminal enquistada en Perú Libre, orientada a captar y blanquear dinero de origen ilícito para campañas electorales, adquisición de bienes y sostenimiento de actividades partidarias. Los recursos, según la investigación, procederían de organizaciones como “Los Dinámicos del Centro” y “Los Tiranos del Centro”, y habrían sido incorporados al sistema financiero mediante intermediarios y mecanismos de ocultamiento.
El periodo investigado abarca entre los años 2008 y 2021, lapso en el que Cerrón habría experimentado un incremento patrimonial no justificado superior a los seis millones de soles. La defensa sostuvo que nuevos informes contables debilitaban la imputación fiscal; sin embargo, la Sala precisó que dichos documentos no constituyen elementos probatorios novedosos ni concluyentes y que algunos ni siquiera forman parte del expediente oficial.
El colegiado también desestimó los sobreseimientos invocados por la defensa, al considerar que no cuentan con respaldo técnico suficiente, especialmente en ausencia de pericias contables que sustenten la versión exculpatoria.
En su resolución, el tribunal subrayó que subsisten 108 elementos de convicción, entre ellos declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, análisis bancarios, pericias especializadas y diversos testimonios, los cuales refuerzan la solidez de la investigación fiscal.
Cerrón se mantiene en condición de prófugo desde octubre de 2023. La medida de prisión preventiva fue dictada inicialmente por 36 meses y posteriormente reducida a 24 meses en enero de 2024.
La decisión judicial expone una tensión evidente entre el sistema electoral y el sistema de justicia penal. Mientras el Poder Judicial reafirma la gravedad de los cargos y el riesgo procesal que representa el investigado, el marco electoral permite la inscripción de una candidatura presidencial sin que exista una sentencia firme o una tacha formal. Este escenario reabre el debate sobre los vacíos legales que permiten a personas prófugas de la justicia participar en procesos electorales de alto nivel, afectando la credibilidad institucional y la percepción ciudadana sobre la lucha contra la corrupción.
La ratificación de la prisión preventiva no solo refuerza la posición del Ministerio Público, sino que también coloca a Perú Libre en una situación política compleja, al sostener una candidatura marcada por cuestionamientos judiciales severos. En un contexto de desconfianza hacia la clase política, el caso Cerrón se convierte en un símbolo de las debilidades estructurales del sistema democrático y de la urgencia de reformas que impidan que la legalidad electoral sea utilizada como escudo frente a investigaciones por criminalidad organizada.