09-01-26.-
Un violento intercambio de disparos se produjo la noche del miércoles 8 de enero en el distrito del Callao, cuando un ex técnico de la Marina de Guerra del Perú enfrentó a un grupo de presuntos delincuentes que habría intentado irrumpir en su vivienda, ubicada en el sector 5 de Bocanegra. La balacera generó pánico entre los vecinos por la cantidad e intensidad de los disparos registrados en la zona.
De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional del Perú, cuatro individuos llegaron al inmueble con la presunta finalidad de perpetrar un asalto. La acción fue frustrada cuando el propietario, al percatarse del intento de ingreso, respondió utilizando un arma de fuego de su propiedad. El enfrentamiento dejó como saldo dos de los atacantes fallecidos y otros dos heridos.
Los sujetos se movilizaban en un vehículo de color gris oscuro, identificado con la placa BED-424, que según información policial estaría registrado a nombre de Abel Gama y Patricia Maury. Durante el tiroteo, el automóvil recibió al menos tres impactos de bala y terminó colisionando contra un scooter eléctrico estacionado en la vía pública, evidenciando el nivel de violencia del suceso.
Tras los hechos, los heridos fueron auxiliados y trasladados al hospital Alberto Sabogal Sologuren, conocido como Negreiros, donde permanecen internados bajo custodia policial. Hasta el cierre de esta información, no se ha precisado oficialmente su estado de salud.
Agentes policiales de la comisaría de Playa Rímac acordonaron el área para realizar las diligencias de ley, que incluyeron el recojo de casquillos, el levantamiento de evidencias y la revisión de las cámaras de videovigilancia del sector.
Según la PNP, el propietario del inmueble se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y afirmó contar con la documentación legal para la tenencia y uso de su arma. El caso continúa en evaluación para determinar si la respuesta armada se ajusta a los parámetros de la legítima defensa.
Este episodio vuelve a poner en evidencia el clima de inseguridad que se vive en el Callao y en diversas zonas del país, donde los ciudadanos perciben una ausencia efectiva del Estado frente al avance de la delincuencia. Si bien la investigación deberá esclarecer si el accionar del ex marino se encuadra en la legítima defensa, el hecho de que civiles armados terminen enfrentándose a bandas delictivas refleja una peligrosa normalización de la violencia como mecanismo de protección.
La reiteración de asaltos a viviendas y la audacia de los delincuentes, que actúan incluso en grupo y con movilidad, exponen falencias en las estrategias de prevención y patrullaje. Este caso plantea un debate urgente sobre los límites de la autodefensa, el control de armas y la necesidad de políticas de seguridad más eficaces, que eviten que los ciudadanos se vean obligados a asumir roles que corresponden al Estado.