07 MAYO 2025.- El Congreso ha formalizado cuatro mociones de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén. Una de estas iniciativas fue liderada por el congresista Edward Málaga, mientras que las demás fueron impulsadas por las bancadas de Podemos Perú, Acción Popular y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo.
Estas acciones legislativas surgieron tras el trágico asesinato de trece mineros en la provincia de Pataz, lo cual intensificó el malestar público ante lo que se percibe como una falta de acción gubernamental frente al creciente problema de inseguridad en el país. La moción promovida por Podemos Perú logró recolectar 33 firmas, mientras que la presentada por Juntos por el Perú-Voces del Pueblo alcanzó las 35 firmas necesarias, aunque la búsqueda de adhesiones sigue en curso en el Parlamento.
En el documento oficial del Congreso, se argumenta que esta medida contra Adrianzén responde a «su incapacidad para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana que afecta al país, además de su deficiente liderazgo, gestión y coordinación con los ministerios bajo su responsabilidad».
El Legislativo también señala al premier como responsable político de la tragedia en Pataz. Días antes del ataque, Adrianzén había declarado que el Gobierno no disponía de información confirmada sobre el presunto secuestro de mineros en la región de La Libertad. Estas declaraciones se dieron el 29 de abril, apenas cuatro días antes de que se confirmara el asesinato de 13 personas en la zona.
En sus declaraciones, Adrianzén afirmó que no contaban con «información veraz» ni con denuncias oficiales que corroboraran los reportes que circulaban a través de audios anónimos. “Se mencionó que los mineros secuestrados pertenecían a la minera Poderosa. Nos comunicamos directamente con la empresa, y ellos descartaron que se tratara de sus trabajadores o de personas vinculadas por algún convenio”, aseguró el premier en su momento.
A pesar de la alarma generada en la región, el Ejecutivo restó importancia al riesgo. Adrianzén insistió en que «los cuerpos de seguridad estaban operando en Pataz y no había evidencia de que los informes sobre el incidente fueran ciertos, ni se había recibido denuncia alguna».
El asesinato de los trece mineros en Pataz supone un nuevo golpe para la administración de Dina Boluarte, quien ya enfrentaba críticas no solo por su gestión, sino también por temas polémicos, como sus aparentes prioridades estéticas y sus recientes aspiraciones de duplicar su salario como presidenta.
