SEIS CENSURAS CONTRA JOSÉ JERÍ POR REUNIONES SECRETAS

22/01/26.-

A pesar de los descargos ofrecidos por José Jerí ante el Parlamento, este jueves se reactivó la ofensiva política en su contra con la presentación de tres nuevas mociones de censura dirigidas al mandatario en su calidad de presidente del Congreso. Las iniciativas fueron promovidas por Edward Málaga Trillo, Edwin Martínez (Acción Popular) y Esdras Medina (Renovación Popular), en un escenario que refleja una creciente pérdida de respaldo interno y una disputa abierta por el control de la agenda legislativa.

Según los documentos, las mociones suman apoyos de bancadas como Honor y Democracia, Avanza País y Acción Popular. Una de ellas, incluso, exhibe el respaldo casi total de Renovación Popular: la única ausencia notoria sería la firma de Norma Yarrow, quien figura como candidata a la vicepresidencia por el mismo partido, un dato que deja entrever cálculos electorales y manejo de costos políticos dentro de la agrupación.

La moción impulsada por Málaga sostiene que Jerí no tendría “idoneidad política e institucional” para conducir el Parlamento en un contexto de transición democrática. Renovación Popular, por su parte, abre su argumentación con la crisis de seguridad, mientras Acción Popular apunta a un flanco más sensible: las reuniones del mandatario con el empresario chino Zhihua Yang. El punto en común es claro: se busca instalar la idea de que Jerí no solo administra una institución, sino que representa un riesgo político para la ya frágil legitimidad del Congreso.

El día previo, además, ya se habían activado otras tres mociones. Entre ellas, una promovida por Ruth Luque, quien aseguró que se cumplió con el requisito reglamentario de 33 firmas. En un pronunciamiento público, la parlamentaria elevó el tono acusatorio: señaló supuestas mentiras reiteradas, encuentros ocultos y eventuales negociaciones con empresarios. También colocó el debate en un terreno de polarización: advirtió que sectores del fujimorismo y la derecha podrían “blindar” a Jerí, replicando —según su lectura— lo ocurrido con Dina Boluarte.

Uno de los ejes más controversiales es el sustento constitucional y político de estas mociones. La argumentación central plantea que, al asumir la presidencia de la República por sucesión, Jerí mantiene su origen legislativo y, por ello, quedaría sometido a mecanismos de control parlamentario como la censura. Sin embargo, un informe jurídico del Ministerio de Justicia, citado como conocido por Perú21, cuestiona esa pretensión: sostiene que censurarlo no sería procedente porque implicaría trasladar un mecanismo interno del Legislativo al ámbito del Ejecutivo. Es decir, la disputa no es solo política: es también una batalla por el marco interpretativo de los límites entre poderes.

Las mociones recogen reportes periodísticos sobre reuniones no registradas de Jerí con Zhihua Yang y un encuentro posterior en un local comercial del centro de Lima. A partir de ello, los promotores sostienen que el comportamiento del mandatario compromete la dignidad de los cargos que ostenta y alimenta sospechas de presuntos acuerdos “bajo la mesa”. Se habla, además, de vulneración de principios de probidad, transparencia e idoneidad, así como de un posible conflicto de intereses gestado desde la más alta esfera del Estado.

En paralelo, otra moción suscrita por legisladores de Juntos por el Perú, Bloque Democrático, Bancada Socialista y no agrupados insiste en el componente ético-político: afirma que Jerí habría debilitado el rol fiscalizador del Parlamento, erosionado la confianza ciudadana y afectado gravemente la imagen institucional del Legislativo. El texto pone énfasis en la reiteración de reuniones privadas sin registro y con personas vinculadas a intereses económicos, subrayando que el problema se agrava por tratarse de quien ejerce la máxima representación congresal.

Una tercera moción fue ingresada por la tarde y tiene entre sus principales impulsores a Jaime Quito, de la Bancada Socialista, ampliando el espectro de fuerzas que buscan capitalizar el desgaste del presidente del Congreso y elevar el costo político de su permanencia.

El caso revela una crisis de gobernabilidad dentro del propio Congreso, donde la censura funciona tanto como herramienta de control político como instrumento de presión y negociación. No se trata únicamente de si hubo o no reuniones indebidas, sino de la incapacidad institucional para procesar con transparencia hechos que, por su naturaleza, exigen registros, explicaciones verificables y rendición de cuentas.

Además, el choque entre la lectura política de las mociones y el argumento técnico del Ministerio de Justicia sugiere un problema mayor: cuando las reglas se interpretan según conveniencias coyunturales, el control democrático se vuelve selectivo y pierde credibilidad. Si las reuniones fueron legales, corresponde demostrarlo con evidencia institucional; si no lo fueron, corresponde investigarlas con rigor. En ambos casos, lo que se percibe es un Congreso que discute sanciones antes que esclarecer los hechos, alimentando la idea de que la censura es menos una respuesta a la verdad y más una disputa por poder, correlación de fuerzas y posicionamiento público.

En síntesis, Jerí enfrenta no solo acusaciones por presuntos encuentros ocultos, sino una tormenta política en la que cada bancada parece medir cuánto gana —o cuánto pierde— con su caída o su permanencia. Y en ese cálculo, la transparencia, otra vez, corre el riesgo de quedar en segundo plano.