15/06/26.-
La captura de Harold Johany Bocanegra Linares, alias “Pinche”, volvió a exponer el nivel de violencia y sofisticación con el que operan algunas organizaciones criminales en el Callao. La Policía Nacional informó que el detenido, de 33 años, sería integrante del brazo armado de la banda criminal Los Calacos Nueva Generación y que cumplía funciones de sicario dentro de la estructura delictiva.
Según las investigaciones de la Dirincri, el presunto delincuente utilizaba a su conviviente y a su hijo menor de apenas dos años como parte de su estrategia para acercarse a sus víctimas sin despertar sospechas. De acuerdo con las autoridades, el sujeto simulaba paseos familiares para ejecutar ataques armados en plena vía pública.
La detención se realizó en San Martín de Porres debido a que el investigado registraba órdenes de captura por robo agravado. Sin embargo, las pesquisas policiales y pericias balísticas lo vinculan además con al menos tres homicidios ocurridos en el Callao, entre ellos el asesinato de una adolescente de 14 años y un menor de 17 años.
Uno de los casos más impactantes ocurrió el 13 de enero de 2026 en la urbanización Juan Pablo II, donde cámaras de seguridad registraron el momento en que el sujeto caminaba cargando a su hijo antes de atacar a balazos a Alberto Fernando Flores Mercedes. Según el reporte policial, el investigado entregó al menor a su pareja segundos antes de disparar contra la víctima a corta distancia.
Las autoridades también lo relacionan con el asesinato del suboficial PNP Maycol Daniel Ramírez León, quien investigaba redes de extorsión y sicariato en el Callao. Para la Policía, este crimen evidenciaría el nivel de organización y capacidad de respuesta de las bandas criminales frente a operativos policiales.
El caso ha generado indignación no solo por la brutalidad de los homicidios, sino también por la utilización de menores de edad dentro de las operaciones criminales. Especialistas advierten que las organizaciones delictivas en el Callao han fortalecido mecanismos de captación de adolescentes y jóvenes vulnerables, a quienes entrenan para ejecutar actos violentos.
Las investigaciones también revelaron que integrantes de la banda grababan los ataques y difundían imágenes armadas en redes sociales, reflejando cómo la criminalidad organizada ha convertido la violencia en una herramienta de intimidación y exhibición de poder.
Mientras avanzan las diligencias fiscales, el caso vuelve a poner en debate la expansión del sicariato, el tráfico ilegal de armas y la limitada capacidad del Estado para contener el avance de organizaciones criminales en el primer puerto del país.
