25/06/26.-
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) reveló la existencia de 110 contribuyentes catalogados como Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), cuyas resoluciones ya quedaron firmes tras los procedimientos correspondientes. Estas empresas, aunque estaban habilitadas para emitir comprobantes de pago, no contaban con la capacidad económica, financiera, logística o humana necesaria para sustentar las operaciones que registraban.
El reporte actualizado hasta el 31 de mayo de 2026 muestra que la mayor concentración de estas empresas se encuentra en Lima, seguida por regiones como La Libertad, Arequipa, Cajamarca y Huánuco. Según la administración tributaria, estas compañías emitieron más de 478 mil facturas, además de miles de notas de crédito y débito dirigidas a más de 60 mil clientes en todo el país.
La SUNAT estima que el crédito fiscal generado por estas operaciones y que no será reconocido supera los 1 025 millones de soles. Entre los contribuyentes involucrados figuran empresas acogidas al Régimen Mype Tributario, al Régimen Especial y al Régimen General, mientras que los sectores de servicios, comercio, manufactura y construcción concentran la mayor cantidad de operaciones observadas.
Tras la publicación oficial de la relación de SSCO, estas empresas quedarán impedidas durante cuatro años de emitir comprobantes que permitan sustentar gastos, costos o créditos fiscales para efectos tributarios. Solo podrán emitir boletas de venta electrónicas.
Asimismo, la normativa vigente permite que los clientes que recibieron comprobantes de estas empresas soliciten la revisión de la documentación dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores a la publicación de la lista, con el fin de acreditar la existencia real de las operaciones realizadas.
La detección de más de un centenar de empresas sin capacidad operativa evidencia la magnitud de la evasión tributaria y las debilidades en los mecanismos de control fiscal. El hecho de que más de 60 mil clientes hayan recibido comprobantes de estas compañías plantea interrogantes sobre el nivel de supervisión empresarial y la responsabilidad de quienes utilizaron dichos documentos.
Si bien la SUNAT sostiene que busca combatir las operaciones no reales y reducir la evasión del IGV y del Impuesto a la Renta, el caso también revela la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y fiscalización antes de que se generen perjuicios millonarios para el Estado.
La investigación no solo pone en evidencia posibles esquemas de facturación falsa, sino que también afecta a miles de contribuyentes que ahora deberán demostrar la legitimidad de sus operaciones. El desafío para la administración tributaria será diferenciar a quienes actuaron de buena fe de aquellos que habrían utilizado estos mecanismos para reducir ilegalmente sus obligaciones tributarias.