Con el fin del año escolar, las promociones intensifican sus actividades de cierre, que suelen incluir viajes, fiestas y eventos académicos especiales. En este contexto, el rol del tesorero se vuelve determinante, pues es la persona encargada de recaudar y administrar los aportes económicos realizados por los padres de familia para financiar estas celebraciones.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos advirtió que en algunos casos este cargo ha sido utilizado de manera indebida, con situaciones en las que los responsables se apropian del dinero recaudado, generando perjuicios directos a los estudiantes y pérdidas económicas para las familias. De acuerdo con lo señalado por Sheila Saboya, representante del Minjusdh, estas conductas encajan en el delito de apropiación ilícita, contemplado en el artículo 190 del Código Penal, que sanciona con penas de dos a cuatro años de prisión, además de la obligación de devolver el monto sustraído.
La funcionaria precisó que para que el delito se configure no es indispensable la existencia de un contrato formal, ya que basta con la confianza depositada para la administración de los fondos. Un caso reciente ocurrido en el colegio Santísima Trinidad, en el Cercado de Lima, puso en evidencia esta problemática, luego de que la tesorera de sexto grado desapareciera con 20 mil soles destinados al viaje y la fiesta de promoción.
Desde el Minjusdh se remarcó que estas disposiciones buscan salvaguardar los intereses de los estudiantes y de las familias aportantes. Asimismo, se exhortó a reforzar los mecanismos de transparencia, como el registro detallado de ingresos y gastos, y la supervisión permanente de quienes manejan recursos colectivos.
Más allá de la sanción penal, la normativa subraya la responsabilidad ética de quienes asumen cargos de confianza en la comunidad educativa. La reiteración de estos casos revela la necesidad de mayor control y prevención para evitar que celebraciones escolares terminen convertidas en conflictos legales y económicos.