14/03/26.-
Un operativo de inteligencia que se extendió durante dos meses permitió a la Ministerio Público del Perú y a agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad detener a once efectivos policiales presuntamente involucrados en una red de corrupción vinculada al contrabando en la región de Puno. Los agentes intervenidos formaban parte de unidades encargadas, paradójicamente, de combatir el crimen organizado.
De acuerdo con información fiscal, el operativo también permitió la captura de doce civiles que tendrían presunta relación con actividades de contrabando. Las detenciones se realizaron tras una orden judicial que autorizó allanamientos en diversas dependencias policiales de la zona, incluyendo unidades ubicadas en Juliaca y otras localidades cercanas.
Entre los investigados figuran jefes de unidad y suboficiales que habrían integrado una presunta organización criminal dedicada a facilitar el tránsito de mercancía ilegal. Las diligencias se ejecutaron en el Puesto de Auxilio Rápido de Samán, la Unidad de Emergencia de Juliaca, el Destacamento de Protección de Carreteras de Juliaca y Huancané, además de varias comisarías de la provincia.
Según la hipótesis fiscal, los agentes habrían cobrado sumas que oscilaban entre 30 y 300 soles para permitir el paso de camiones cargados con mercadería de contrabando procedente de la frontera con Bolivia, la cual era trasladada hasta Juliaca para ser comercializada como si fuera legal. El presunto líder de esta red sería un comandante policial identificado con el alias de “El Tío” o “El 2”, señalado como quien coordinaba las operaciones ilícitas.
Las investigaciones, encabezadas por el fiscal Arturo Zirena Asencio, también incluyeron el allanamiento de locales comerciales donde se incautó mercadería ilegal y se detuvo a varios civiles por el presunto delito de contrabando agravado en perjuicio del Estado. En total, el operativo suma hasta el momento 23 personas detenidas.
Las autoridades reconocieron que la operación representó un desafío complejo debido a que los sospechosos eran agentes con experiencia en investigaciones criminales. Para evitar ser detectados, fiscales y miembros de la DIVIAC establecieron una base de operaciones fuera de Juliaca y emplearon herramientas tecnológicas para realizar seguimientos y recopilar evidencias.
Paralelamente, otro hecho generó polémica en el distrito de Machupicchu, donde personal de la Fiscalía y la Policía Anticorrupción intervino a siete funcionarios de la municipalidad local que fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas dentro de la institución pública durante horario laboral. Los implicados fueron trasladados a la ciudad de Cusco para continuar con las investigaciones.
Los hechos registrados en Puno evidencian una problemática estructural dentro de algunas instituciones encargadas de combatir el delito. La presunta participación de policías en redes de contrabando revela una contradicción grave: quienes deberían garantizar el cumplimiento de la ley terminan, en ciertos casos, facilitando actividades ilícitas. Este tipo de situaciones debilita la confianza ciudadana en las fuerzas del orden y en el sistema de justicia.
Además, el contrabando en zonas fronterizas como Puno no es un fenómeno aislado, sino parte de una economía ilegal que involucra redes logísticas, comerciantes y, en ocasiones, funcionarios públicos. Cuando estos actores se articulan, el impacto económico y social es significativo, pues se afectan los ingresos del Estado y se distorsiona el mercado formal.
El caso también demuestra la importancia de los sistemas de control interno y de las investigaciones especializadas. Sin embargo, para enfrentar eficazmente estos problemas se requiere no solo sanciones ejemplares, sino también reformas institucionales que fortalezcan los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas dentro de las entidades públicas.